La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), entidad que agrupa a firmas de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis, rechazó con dureza el dictamen de comisiones del Senado y alertó que el marco regulatorio proyectado podría perjudicar el funcionamiento operativo de las plantas de biodiésel del interior.
El foco del conflicto apunta contra los gigantes del polo agroexportador de Santa Fe, compañías que integran la molienda, puertos y comercio exterior en una misma escala.
Actualmente, los establecimientos regionales cubren cerca del 7,5% de la mezcla obligatoria. No exigen un monopolio ni cupos a dedo, pero solicitan un porcentaje garantizado para competir en igualdad de condiciones.
El eje de la discordia
El texto oficialista segmenta a las firmas según su integración vertical. Sin embargo, para los industriales del sector, ese esquema profundiza la asimetría territorial frente a las grandes corporaciones.
“Las modificaciones introducidas en el debate en comisiones no cambian el fondo de la cuestión”, advirtió la entidad técnica, señalando que la medida resulta arbitraria para el desarrollo federal.
En esa misma línea argumental, la cámara empresaria enfatizó el verdadero problema competitivo: “La verdadera diferencia estructural insalvable en la industria del biodiésel es la Regionalidad: producir en el interior o producir dentro del polo agroexportador”, remarcó.
La advertencia es concreta: si las petroleras compran libremente a los conglomerados santafesinos, las plantas locales quedarán al borde del cierre definitivo y perderán una masa crítica de mercado imprescindible para solventar sus costos fijos.
Reclamo de segmentación regional
La propuesta elevada a los legisladores plantea aplicar una segmentación geográfica en el corte, tal como ocurre con el bioetanol de caña y de maíz.
“Pedimos competencia entre empresas con condiciones comparables”, insistió la entidad para desestimar cualquier pedido de subsidio encubierto o privilegios arancelarios.
El impacto en Entre Ríos genera una seria preocupación gremial y productiva, dado que un recorte de actividad arrastraría de inmediato a extrusoras, choferes de carga y proveedores locales.
Desde el sector recordaron que la Ley 27.640 tiene vigencia legal hasta el año 2030, marco que asegura la subsistencia de las economías regionales.
De cara a la votación general en la Cámara alta, el director ejecutivo de CEPREB, Federico Martelli, fue tajante sobre el rol de los legisladores: “El Senado tiene la oportunidad y la responsabilidad de no convertir en ley una quiebra anunciada”, concluyó.
