Pintadas en Paraná: es hora que el Gobierno de Entre Ríos, la Policía y la Justicia salgan a la palestra

En las últimas horas, se levantan voces controversiales respecto al accionar de la Policía de Entre Ríos en un operativo en el cual se detuvo a un grupo de jóvenes realizando pintadas en la ciudad de Paraná, evidenciando una posición crítica respecto a la detención de la expresidenta, Cristina Kirchner. Diversos actores de la sociedad formularon sus consideraciones en medios y redes, percibiéndose un paradójico rechazo a la gestión de las fuerzas de Seguridad.

El 26 de febrero del pasado año expresamos nuestra opinión sobre “el arte de los grafitis”. Allí, afianzamos la concepción en cuanto a que representa una forma de expresión visual que se manifiesta a través de pinturas y dibujos realizados en espacios públicos, utilizando técnicas como el aerosol, el esténcil o la gigantografía.

Más allá de ser una simple decoración urbana, el grafiti puede tener un fuerte contenido político, social o cultural, y a menudo se considera una manifestación de rebeldía y apropiación -despótica- del espacio público.

El grafiti moderno, tal como lo conocemos, surgió en las décadas de 1960 y 1970, principalmente en ciudades como Filadelfia y Nueva York.

Jóvenes artistas, influenciados por la cultura hip hop, comenzaron a pintar sus nombres y diseños en vagones de metro y edificios.

Así, el grafiti puede ser visto como una forma de arte legítima, una forma de expresión cultural o como vandalismo.

La controversia a menudo surge por la naturaleza ilegal de algunas intervenciones y por la percepción de deterioro del espacio público aludido.

Sin embargo, el grafiti también puede ser una herramienta para la comunicación, la protesta social y la apropiación “socio-cultural”  del espacio urbano.

De este resumen teórico pasemos a lo tangible… ¿De qué lado estamos en Cuestión Entrerriana? Simple. Axiomático. Repasen nuestra Editorial cuyo link adjuntamos.

Hoy, leemos y escuchamos a personalidades del quehacer educativo, cultural y político expresando que quienes fueron aprehendidos se limitaron a utilizar espacios publicitarios “libres”. Y que la gestión policial fue “desproporcionada”.

Cada uno es dueño de fijar una postura y cada posicionamiento es respetable. Ahora bien… Cuando uno acusa, debe mostrar pruebas.

Por ende, si la Policía detuvo a este grupo de personas, vinculándose en la crónica de varios medios colegas que el auto en el cual se movilizaban los capturados está registrado como propiedad del Sindicato Único de Trabajadores de la Salud de Entre Ríos -Sutser-, siendo requisado y retenido, entendemos que la Policía debería haber aportado a la Justicia y a la Prensa, material fotográfico y fílmico probatorio por lo cual se consideró el hecho un ilícito.

Lamentablemente, a esta Redacción, desde la asunción de Néstor Roncaglia y de la nueva cúpula policial, no recibimos gacetillas inherentes a la labor de esa Cartera y/o de la Jefatura Departamental. Por lo cual, desconocemos cuál fue la metodología informativa al respecto en esta polémica coyuntura.

Sí, en un somero repaso de lo publicado por nuestros colegas, solo vimos una foto esclarecedora de Radio La Voz 90.1, otra de Reporte 100.7, y material tributado por Ahora-9 Litoral. En las mismas, aparecen pintado un muro de lo que podría ser una vivienda, un edificio, o una obra; una pared de lo que sería un galpón; y un espacio publicitario que- supuestamente- no habría tenido afiche, donde se evidencian adhesiones a la exmandataria y repudios por la situación judicial que atraviesa.

Por ende, la mayoría de los documentos gráficos, refieren a que la mayoría de las pintadas se realizaron en espacios privados.

De este modo, se echa por tierra la hipótesis tejida desde ciertos sectores de la sociedad paranaense, en la que con elocuencia ha prevalecido una dialéctica o una retórica sensiblemente crítica hacia la Policía de Entre Ríos, sin someterse ese pronunciamiento a una búsqueda de la objetiva VERDAD.

Y hete aquí nuestra inquietud y curiosidad por saber si la Policía de Entre Ríos, a través de su área competente, o si el propio Ministerio de Seguridad y Justicia han aportado la comunicación más fehaciente para evitar estas interpretaciones particulares, estas narrativas subjetivas que de manera predominante cuestionan el desenvolvimiento del operativo policial.

Parte de la comunidad se ha expresado. Sería muy fecundo saber cuál es la opinión de los propietarios de esos frentes o de quién administra el espacio publicitario, como es menester que el Gobierno, la Policía o la propia Justicia, emitan un parte esclarecedor para definir plenamente responsabilidades.