Pidieron el juicio político de los magistrados que viajaron a Lago Escondido
El gobierno nacional oficializó este lunes el pedido de juicio político contra los magistrados que participaron de un viaje pagado por el Grupo Clarín a la estancia del empresario Joe Lewis.
La solicitud no tiene por el momento de prosperar ya que el cuerpo que fiscaliza la labor de los funcionarios tribunalicios está paralizado.
El último día hábil antes del fin de semana largo, los diputados y senadores nacionales del interbloque del Frente de Todos habían solicitado “audiencia urgente” con presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, para pedirle que “complete la conformación” de ese organismo.
El titular de la bancada del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, dijo que “si la Corte y su presidente ha tenido un rol fundamental en el proceso de paralización del Consejo de la Magistratura, ahora también le cabe arbitrar los medios para que funcione de acuerdo con lo que dice la Constitución Nacional”.
Los involucrados en ese viaje son Julián Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 10; Carlos Alberto Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 2 y Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 9.
También viajaron Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la ciudad de Buenos Aires; Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño; cuyo pedido de juicio político también se presentó aunque en el ámbito de la ciudad.
Otros que participaron de la excursión son Leonardo Bergroth (ex agente de la AFI); Tomás Reinke, presidente de Mediabit S.A.; Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A., y Jorge Rendo, CEO del mismo medio de comunicación.
Además del pedido de juicio político, el gobierno nacional presentó una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público y la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare -quien fue aludida en los chats como receptiva a dar cobertura en los tribunales a la versión que los involucrados planificaban- le pidió a la Justicia profundizar la investigación para determinar si se cometió un delito de dádivas.