Luego de la reciente resolución judicial, los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot presentaron una medida cautelar contra el Poder Ejecutivo Nacional para frenar la derogación de la Ley de Tierras establecida en el artículo 154 del DNU 70/2023.
La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1 de la Capital Federal, bajo la órbita del juez Enrique Alonso Regueira.
En el ámbito parlamentario, la oposición en la Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para el 15 de octubre con el fin de rechazar el decreto, pero los legisladores advirtieron que las operaciones inmediatas podrían generar derechos adquiridos difíciles de revertir.
El origen del conflicto judicial
La normativa firmada por el presidente Javier Milei eliminaba los límites a la adquisición de campos por parte de extranjeros, aunque su aplicación había sido frenada inicialmente por una acción de amparo impulsada por el Centro de Ex Combatientes de Malvinas (CECIM) de La Plata.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia desestimó la cautelar previa al considerar que dicha entidad no tenía legitimación activa, lo que reactivó automáticamente la derogación del límite del 15% para la titularidad foránea.
Ante este panorama, Massot alertó sobre los riesgos patrimoniales: “No podemos permitir que, mientras el Congreso se prepara para decidir, se consoliden operaciones que después sean imposibles de revertir. Lo que se pierda en estas dos semanas puede no recuperarse aunque el Congreso restablezca los límites”, afirmó.
Con @Nicolas_Massot presentamos una cautelar para suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la Ley de Tierras.
Buscamos evitar que, mientras el Congreso se pronuncia, se consoliden como derechos adquiridos compras de tierras por extranjeros. Tras el fallo… pic.twitter.com/cr6z5mqdz9
— Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) October 2, 2026
Por su parte, el jefe del bloque Encuentro Federal también sumó su postura crítica: “Tras el fallo de la Corte, pueden comprarse sin límite tierras rurales, incluidos inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes”, sentenció Pichetto.
Finalmente, el planteo judicial cuestiona la vía del decreto de necesidad y urgencia, remarcando que el Congreso estaba en funciones y recordando que el Senado ya votó por el rechazo de la medida oficial.
