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Pensiones por invalidez laboral: 131 prófugos cobraban el beneficio, y detuvieron a 14 de ellos

Catorce delincuentes prófugos de la Justicia, varios de ellos muy peligrosos, y que cobraban una pensión no contributiva por invalidez laboral, fueron detenidos a través de un operativo conjunto instrumentado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a cargo de Diego Spagnuolo; y el Ministerio de Seguridad de la Nación, que comanda Patricia Bullrich.

Se trata de beneficiarios de Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Entre las personas detenidas había acusados por robo agravado, intento de violación y robo agravado, entre otros delitos graves. Uno de ellos acumula ocho causas.

El dato de los prófugos que cobraban el beneficio que otorga el Ministerio de Salud, a través de la ANDIS surgió en las auditorías sobre las más de 1.250.000 personas beneficiadas con pensiones no contributivas por discapacidad laboral impulsadas por Spagnuolo.

Los primeros distritos compulsados son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Las auditorías -en pleno proceso- ya revelan “un esquema de corrupción a través del cual se desvían fondos estimados entre 1.200 y 2.000 millones de dólares al año”, según la evaluación que realizó el abogado Spagnuolo.

Ese peinado, a través del entrecruzamiento de datos con las bases de la Dirección General Impositiva, ANSES, Migraciones, y los ministerios de Seguridad y Justicia revelaron que 131 personas que cobraban una pensión por invalidez laboral eran prófugos, tenían pedido de captura. A partir de ese dato, los responsables de la ANDIS y Seguridad diseñaron una estrategia.

Se enviaron comunicaciones a través de llamadas telefónicas, mensajes de te texto, y notificaciones a los domicilios declarados y conocidos de los prófugos. El texto, en principio inocente y sencillo, explicaba, palabras más, palabras menos, que la ANDIS realizaba un reempadronamiento presencial. Y que, para no perder el beneficio, debían presentarse a realizar un trámite entre el lunes 22 y el martes 23 a las instalaciones de la institución.

Un buen número de las 131 personas buscadas por jueces y fiscales, no se notificaron. En algunos casos, incluso, no había manera de hacerles llegar la citación. Pero catorce de ellos fueron y, después de acreditar su identidad, personal de la Policía Federal Argentina los esposo y los puso a disposición del juzgado interviniente.

Desde la ANDIS se informó que “ya se inició el procedimiento de baja inmediata de la pensión que percibían de parte del Estado Nacional” y destacaron que: “El operativo es un paso decisivo en la lucha contra la impunidad y el uso indebido de los recursos destinados a las personas con incapacidad laboral”.

Según la descripción realizada por los funcionarios de la ANDIS, “los resultados de la primera etapa de la auditoría realizada en la Ciudad de Buenos Aires son inquietantes”. Del corte de los 10.000 beneficiarios contactados, el 33% “no pudo ser localizado en los domicilios indicados”, un hecho que, según se lee en las planillas, “plantea serias dudas sobre la veracidad de sus declaraciones”.

Además de los 131 beneficiarios prófugos que coban la pensión, la revisión de los expedientes y el chequeo de cada caso personal realizados con los peritos médicos arrojaron como resultado que “muchos de ellos presentan incompatibilidades que podrían invalidar su derecho a recibir estas pensiones”.

De los pensionados auditados hasta ahora, el 57% “no cumple con los requisitos establecidos”. Es decir, de los 9.336 beneficiarios seleccionados al azar para ser auditados, solo 1.063, apenas el 17%, tuvieron un “resultado positivo”. Por ejemplo, el certificado médico a través del cual se había iniciado el trámite para obtener el beneficio, era compatible con su dolencia, entre otros aspectos.

En tanto en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Mar del Plata, el 21% de los beneficiarios no pudieron ser localizados y de los que asistieron a la revisión apenas “el 20% cumplía con todos los requisitos exigidos por la normativa”. El 80% restante “no cumple con los requisitos como tener una discapacidad, o no tener un empleo” y de ese total “el 13% carecía de la documentación necesaria.

Hay casos que, para las autoridades de la ANDIS “son los más alarmantes” y, según Spagnuolo, forman parte del “negocio de la discapacidad”.Ni siquiera

Entre ellos destacan:

-Un hombre tenía cuatro diagnósticos de salud diferentes y a la citación para ser revisado por el médico auditor “asistió acompañado de un abogado”.

-Había beneficiarios -no se especifica la cantidad- que tenían la documentación incompleta o cuyo diagnóstico clínico era falso y adujeron que recibieron la prensión no contributiva porque “estaban respaldados por representantes del Movimiento Evita”. Alguno de ellos también estaba acompañado por un abogado.

-En otro caso, en vez del beneficiario a la auditoría, llego su hijo. Cuando se le preguntó por el titular del beneficio, reconoció que su padre “vive en Egipto desde hace meses” y que él cobra la pensión.

-Una mujer que intentó hacerse pasar por su marido fallecido, cuya muerte no estaba registrada en los sistemas del Estado. Intentó convencer a los auditores que por un “error” se habían traspapelado los nombres.

-Dos personas beneficiadas cumplían condena desde antes de haber recibido el beneficio. Una de ellas asistió a la auditoría a pesar de estar “cumpliendo arresto domiciliario” y sin haber avisado a las autoridades judiciales. En el segundo caso, se presentó un familiar porque estaba cumpliendo condena en un penal. Ambos recibieron el beneficio de manera exprés en 13 días. Fue otorgado pocos días antes del 10 de diciembre de 2023.

El vocero presidencial Manuel Adorni informó que un expediente se había iniciado con un diagnóstico en el que como prueba documental se incorporó la foto de un perro.

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