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Pensión de Alberto Fernández: ANSES no puede retirarla

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El pedido para quitar la pensión al expresidente Alberto Fernández podría no prosperar en lo inmediato. Fuentes de la ANSES indicaron que a nivel oficial, ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo cuentan con las facultades necesarias para suprimir la pensión presidencial recibida por el ex jefe de Estado.

Esta mañana, la Fundación Apolo, una organización que busca luchar contra la corrupción, le exigió a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) la eliminación del beneficio previsional. Sin embargo, el órgano dependiente del Estado no posee facultades para avanzar con la supresión de la pensión y los ojos ahora se posan en el accionar de la Justicia.

En su presentación, la fundación firmante menciona una lista de episodios irregulares transcurridos durante la gestión de Alberto Fernández, como el “Vacunatorio VIP”, la designación de la jueza Ana María Figueroa, la violación de su propio decreto de aislamiento durante la pandemia y la reciente acusación llevada a cabo por Yañez por violencia física y verbal. La carta enviada a la ANSES alega un “incumplimiento del requisito de mérito y honor” en su calidad de presidente.

“El expresidente de la Nación, Alberto Fernández, no ha tenido conductas o comportamientos que han sido loables y permitiesen ser tachadas de ‘honorables’ requisito que resulta sine qua non para poder solicitar la asignación vitalicia. No caben dudas, entonces, que los requisitos de mérito y honor son determinantes a la hora de percibir el beneficio que nos ocupa”, argumentó la Fundación Apolo en el texto.

Una nueva normativa que avale la eliminación de una jubilación de privilegio, de ser aprobada por ambas cámaras en el Congreso de la Nación, incluiría a todos los nuevos presidentes desde la promulgación de la ley, pero no alcanzaría al propio Alberto Fernández.

Los caminos desembocan en la Justicia. El único escenario que permitiría la quita de la pensión presidencial al exmandatario es la presentación de una denuncia ante el Poder Judicial, el posterior fallo de un juez y el avance del reclamo ante todas las instancias de apelación. El caso, incluso, podría caer en manos de la Corte Suprema.

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