Patricia Díaz presentó un proyecto para disolver el EPRE y transferir sus funciones a la Secretaría de Energía

La senadora justicialista Patricia Díaz presentó un proyecto de ley que propone la disolución del EPRE (Ente Provincial Regulador de la Energía) y la transferencia de sus competencias a la Secretaría de Energía. La iniciativa tiene como objetivos reducir los costos administrativos, evitar la superposición de funciones y garantizar una regulación más eficiente del servicio eléctrico en la provincia. La legisladora aclaró que la eliminación del EPRE no implicará una desregulación del sector eléctrico.

En los fundamentos del proyecto, Díaz recordó que el EPRE fue creado por la Ley Provincial Nº 8.916 con el fin de regular la actividad eléctrica en Entre Ríos. Sin embargo, con la recuperación estatal del servicio a través de Enersa (Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima), la existencia del EPRE ha perdido su justificación, dado que el Estado no necesita regularse a sí mismo.

El proyecto propone lo siguiente:

• Eliminar el EPRE como organismo autónomo.
• Transferir sus funciones a la Secretaría de Energía para una gestión unificada.
• Eliminar la tasa de fiscalización y control, que actualmente es trasladada a los usuarios.
• Reducir el gasto público y evitar duplicaciones administrativas.

Ineficiencia y superposición de funciones

El EPRE fue creado en 1995 con el objetivo de regular y fiscalizar a Edeersa, la empresa privada que prestaba el servicio de distribución de energía en la provincia. Tras la caducidad de la concesión de Edeersa y la creación de Enersa como empresa estatal, la existencia de un ente regulador independiente ha perdido su razón de ser, ya que el Estado no necesita supervisarse a sí mismo.

“Actualmente, el EPRE se encuentra intervenido y sin normalizar su estructura desde hace años, lo que refuerza la necesidad de su eliminación. La Secretaría de Energía ya cumple con tareas de regulación, por lo que absorber sus funciones evitaría redundancias y optimizaría la administración pública”, destacó Díaz.

Impacto económico y tarifario

El EPRE se financia mediante una tasa del 1,8% sobre la facturación de los usuarios, lo que representa un costo directo para los consumidores. La eliminación de esta tasa reduciría el precio final del servicio eléctrico, aliviando el impacto de los recientes aumentos tarifarios debido a la eliminación de subsidios nacionales.

Además, la disolución del EPRE evitaría el pago de altos sueldos y dietas de sus directores y funcionarios, generando un ahorro significativo para la provincia.

Reubicación del personal y recursos del EPRE

Según consignan los colegas de APF, el proyecto garantiza que ningún trabajador del EPRE perderá su empleo, ya que el personal será reubicado en la Secretaría de Energía o en otras áreas del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios. Los bienes y activos del EPRE también serán transferidos a la Secretaría de Energía, asegurando su utilización para la regulación y control del servicio sin necesidad de mantener una estructura innecesaria.