La senadora Patricia Bullrich manifestó su fuerte descontento tras el fallo de una jueza porteña contra el nuevo régimen penal juvenil. “Es muy difícil construir un país normal así”, disparó la ex ministra de Seguridad al cuestionar a la titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3, Laura Beatriz de Marinis.
La magistrada resolvió sobreseer a un menor de 14 años imputado por una tentativa de robo en la Ciudad de Buenos Aires, pero además declaró la inconstitucionalidad de un artículo clave de la nueva Ley de Menores.
Entre los fundamentos de su resolución, la jueza remarcó la urgencia de brindar contención social, educativa y de salud antes que aplicar castigo penal a jóvenes en situación de vulnerabilidad extrema.
Frente a este argumento, la senadora arremetió con dureza contra el criterio judicial: “Hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas”, sentenció.
La titular de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara alta e impulsora de la normativa agregó: “Es muy difícil construir un país normal así. Estos jueces garantistas solo construyen impunidad”, advirtió.
Hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas.
Es muy difícil construir un país normal así. Estos jueces garantistas solo construyen impunidad. https://t.co/8cqUt5DQnP
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 21, 2026
Pedido de juicio político
A las críticas se sumó rápidamente el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, quien confirmó que promoverán acciones directas contra la magistrada. “Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político”, aseguró.
En esa sintonía, el mandatario porteño insistió en sus redes sociales: “La gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito”, afirmó tras ratificar que no pedirá disculpas por defender a los vecinos.
En el plano técnico, la jueza De Marinis determinó la inconstitucionalidad puntual del artículo 1 de la Ley 27.801, texto que fija la imputabilidad para personas adolescentes desde los 14 años hasta las cero horas en que cumplan 18 años.
Los antecedentes judiciales
La flamante legislación nacional había entrado en plena vigencia el pasado 5 de septiembre. Apenas dos días después, la jueza Marta Elba Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, dispuso frenar su aplicación durante un plazo de 60 días.
Aquella medida cautelar inicial respondió a un habeas corpus preventivo impulsado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, encabezada por el sacerdote José María “Pepe” Di Paola.
No obstante, el pasado 15 de septiembre, la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora dejó sin efecto el pronunciamiento de Pascual al advertir “una intromisión indebida en las facultades de otro poder del Estado”, exigiendo que la magistrada revise su competencia.
