En una jornada de intensa actividad legislativa y política, la Casa Rosada completó el envío formal de iniciativas clave al Parlamento, donde el debate en torno al Presupuesto 2027 y la soberanía marítima concentran la atención central de todas las bancadas.
El Poder Ejecutivo Nacional remitió a la Cámara de Diputados el paquete sobre la cuestión austral denominado Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa fue cargada en el sistema de Gestión Documental Electrónica luego de varias jornadas de trabajo sobre una normativa integral que contempla instrumentos diplomáticos, de seguridad y económicos.
En paralelo, se desató una fuerte controversia interna por las modificaciones previstas para el área de salud. La titular de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, expuso abiertamente sus reparos ante la eliminación de la actualización automática mensual atada a la inflación para los prestadores y la desregulación del nomenclador arancelario. “No estaba enterada, tenemos que corregir eso”, sentenció la senadora.
La legisladora remarcó la falta de aviso previo en las reuniones de coordinación política del oficialismo. “Esto resiente un poco las relaciones, y es bueno que corrijamos esos problemas”, advirtió Bullrich.
Debate parlamentario y postura presidencial
Frente a las críticas de los bloques opositores por la continuidad del esquema de asistencia, la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado intervino durante el plenario de comisiones para reclamar consensos. “Nadie puede tirar la primera piedra de los que están sentados acá y esto llama a un consenso plural de trabajar y no a utilizar nuevamente materia política este tema”, afirmó.
Consultado sobre la prórroga legislativa de la norma que expira a fin de año, el presidente Javier Milei garantizó el estricto acatamiento de lo que resuelva el Congreso. “Vamos a cumplir la ley como venimos haciendo. Si implica que alguna partida tiene que subir, reasignaremos”, aseguró el mandatario.
Rearme militar y compras estratégicas
En el plano de la defensa, el ministro Carlos Presti confirmó que ordenó separar a los marinos acusados por el cobro irregular de sumas adicionales por $980 millones. “Le he impartido las órdenes al jefe de la Armada para que tome las medidas y que con un consejo de disciplina militar pasen a ser destituidos”, ratificó el funcionario.
A su vez, el proyecto de cálculo de gastos y recursos contempla autorizaciones para tomar financiamiento por hasta US$3500 millones. La cifra prevé destinar US$2300 millones a la compra de tres submarinos para la Base Naval Mar del Plata y otros US$1200 millones dirigidos a la incorporación de dos fragatas para la Base Naval Puerto Belgrano.
Respecto del control del Atlántico Sur, la flamante ley busca acelerar los protocolos de uso de la fuerza e interceptación de embarcaciones infractoras. Ante las lecturas sobre el endurecimiento diplomático, el jefe de Estado descartó especulaciones comiciales. “Los analistas políticos dicen que impulsamos Malvinas por cuestión de imagen y oportunismo político. Es una estupidez mayúscula”, disparó Milei.
Deuda, salarios y acuerdos provinciales
El esquema financiero para el próximo ejercicio autoriza colocaciones de deuda pública por hasta US$33.000 millones bajo legislación extranjera, dentro de un techo global de $324.050.562,1 millones en operaciones de crédito.
En el terreno socioeconómico, el plan trazado por la cartera que conduce Luis Caputo apunta a lograr una recuperación de los ingresos reales sin recurrir a medidas de corte asistencialista directo durante el calendario electoral venidero.
Con el objetivo de articular los respaldos al plan económico y el tratamiento de la suspensión de las elecciones primarias, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, inició una ronda de reuniones en la Casa Rosada con los mandatarios provinciales Raúl Jalil, Juan Pablo Valdés, Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo.
Por último, en los tribunales federales se profundizan las averiguaciones patrimoniales sobre María Soledad Calle por la adquisición del inmueble ubicado debajo del departamento donde reside Cristina Kirchner, ante sospechas de un posible financiamiento ligado a fondos gremiales de la UOM y la firma USEM S.A..
