La senadora nacional Patricia Bullrich celebró este martes la revocación de la medida cautelar que frenaba la aplicación del Régimen Penal Juvenil. La legisladora apuntó con dureza contra la jueza Marta Pascual, quien había dispuesto posponer la normativa por 60 días, y la calificó de “pro delincuentes”.
A través de sus redes sociales oficiales, la jefa de bancada de La Libertad Avanza expresó: “Un poco de coherencia. Pararon a la jueza prodelincuentes. Frente a la falta de medidas de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, la Justicia tiene que hacer justicia”.
En esa misma línea, Bullrich reforzó la postura del oficialismo al reiterar que “el que las hace, las tiene que pagar”, en referencia a los menores que infrinjan la ley y queden alcanzados por el nuevo marco normativo.
Un poco de coherencia. Pararon a la jueza prodelincuentes.
Frente a la falta de medidas de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, la Justicia tiene que hacer justicia.
El que las hace, las tiene que pagar. https://t.co/YDER4k9XTB
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 15, 2026
El fallo de la Cámara
La resolución fue adoptada por los integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, quienes determinaron revocar el habeas corpus colectivo que mantenía en suspenso la reforma en la provincia de Buenos Aires.
Con este revés judicial, quedó plenamente habilitado el esquema legal que contempla la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para delitos de extrema gravedad.
El recurso inicial había recaído en el Juzgado de Responsabilidad Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, donde Pascual resolvió la prórroga argumentando la falta de infraestructura adecuada para alojar y procesar a los menores imputados.
Cruces con Axel Kicillof
Días atrás, tras conocerse la cautelar inicial, Bullrich había responsabilizado directamente al gobernador Axel Kicillof por intentar frenar la puesta en marcha de la legislación.
En aquel descargo, la dirigente libertaria y exministra de Seguridad sentenció: “No es casualidad que estén boicoteando esta ley”, sugiriendo una presunta connivencia política entre el magistrado actuante y el oficialismo provincial.
