Pasó la motosierra en el Banco Nación y dejó 1300 bajas
Después del fuerte ajuste del año pasado, la “motosierra” atraviesa momentos de definiciones. Mientras el Gobierno prepara un nuevo DNU para eliminar organismos públicos y negocia un nuevo programa con el FMI, las autoridades se toparon con ciertas dificultades en los últimos meses para privatizar empresas estatales y efectuar despidos en organismos clave. Así, la solución transitoria para reducir las plantillas pasó por la apertura de retiros voluntarios.
En el Banco Nación, se fueron 1.300 empleados desde fines de 2023 entre retiros y jubilaciones. La dotación se redujo un 7% y recuperó el tamaño del 2010. En despachos oficiales afirman que las otras previas ampliaron la plantilla sin razón y que el equipo actual de 16.150 personas es una “mejora sustancial”. “El proceso de transformación del banco apuesta a la eficientización más que a la reducción de personal”, señalan fuentes oficiales.
El Gobierno busca privatizar la entidad valuada en $ 15 billones, un patrimonio que supera al del banco Galicia, Macro y Santander juntos. Pero su conversión en SA quedó suspendida hasta noviembre tras un fallo en marzo a favor del gremio La Bancaria. Ahora, se rumorea la posible baja de la edad de retiro a 58 años para los hombres y 55 para las mujeres para tentar empleados. El gremio estima que renunciaron 650 personas, una cifra menor a los 1.500 previstos por el banco, presidido por Daniel Tillard.
Algunas áreas entorpecen la implementación de algunas medidas impulsadas. De ahí que la semana pasada Guillermo Francos, Caputo y Sturzenegger firmaron la Decisión Administrativa 7/2025 que dispone premios económicos -un mayor gasto salarial- para los funcionarios que reduzcan personal en sus organismos. La intención es “estimular” a las autoridades a que no cedan ante la resistencia de los gremios y los empleados.
Es lo que estaría ocurriendo en la Secretaría de Trabajo, donde hay cautela ante la posibilidad de un duro conflicto con ATE si avanzan en despidos masivos tras el vencimiento de 50.000 contratos el 31 de marzo pasado.
También hay malestar en la exAFIP, donde este jueves el gremio AEFIP realizó un nuevo apagón informativo de 9 a 12, sin atención al público, mientras SUPARA lanzó un paro en la Aduana que continuará este viernes de 9 a 17 en AMBA y de 9 a 18 en el interior.
La política salarial y fiscal del gobierno tendrá un capítulo clave la semana próxima: el miércoles será la marcha de la CGT y el jueves el paro general, convocatoria a la que ya adhirieron los gremios de ARCA, los bancarios, buena parte del transporte público y de carga, otros sectores. La huelga fue convocada tras la represión a la marcha de los jubilados y contempla entre los reclamos el aumento del bono de $ 70.000, que sigue congelado.