En un duro documento oficial, la intendenta del Parque Nacional Lanín, Ana María de las Nieves Aquín, intimó al municipio de San Martín de los Andes por la “extrema gravedad ambiental e institucional” derivada del funcionamiento deficitario del sistema cloacal urbano, que estaría afectando al lago Lácar.
La notificación, enviada el martes pasado al intendente Carlos Saloniti, otorga un plazo de 72 horas para presentar informes técnicos y planes de contingencia vinculados al estado del sistema de saneamiento y a los vuelcos de efluentes sin tratar.
Según el escrito, los vertidos de líquidos cloacales en los arroyos Pocahullo y Calbuco impactan de manera directa en la calidad del agua del lago Lácar, generando un daño considerado irreversible sobre un ecosistema protegido por leyes nacionales.
Desde la conducción del Parque Nacional Lanín remarcaron que la intervención institucional responde a la obligación de preservar la calidad ambiental de uno de los principales cuerpos de agua de la región.
En ese marco, advirtieron que este tipo de situaciones “requieren abordajes técnicos inmediatos, articulación interinstitucional y medidas preventivas sostenidas, especialmente en un contexto de crecimiento urbano y aumento de la demanda sobre los sistemas de saneamiento”, según se consignó en la notificación.
Vecinos, pedidos de informes y desmentida de “colapso”
La problemática tomó estado público luego de que un grupo de vecinos, en el marco del análisis del Plan de Ordenamiento Territorial, solicitara a la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos un informe detallado sobre el estado de las plantas de tratamiento cloacal.
Los datos iniciales, informados el 12 de mayo, sobre vertidos por bypass generaron fuerte alarma en la comunidad. Sin embargo, la cooperativa difundió posteriormente un comunicado desmintiendo que el sistema estuviera en “colapso”, expresión que atribuyó a una “interpretación exclusiva de los vecinos”.
La institución reconoció, no obstante, un “error involuntario” en la entrega de datos: se había informado un valor de vertido como si fuera diario cuando en realidad correspondía a un acumulado mensual.
Pese a esa aclaración, la cooperativa admitió un marcado déficit estructural y señaló que las ampliaciones del sistema proyectadas para 2008 y 2018 nunca fueron ejecutadas por el Estado.
“Se ratificó que las plantas necesitan inversión y ampliaciones, previstas, algo que se viene reclamando desde el año 2008, fecha en la que debería haberse hecho la primera”, indicó a LA NACION Marcela Mariña, vicepresidenta del consejo de administración de la Cooperativa de Agua Potable de San Martín de los Andes.
Alerta sanitaria y reclamo de un plan de contingencia
El defensor del Pueblo y del Ambiente de la localidad, Fernando Bravo, manifestó su preocupación por el riesgo sanitario que implica la situación actual.
Advirtió que la capacidad de las plantas de tratamiento se ve sobrepasada especialmente durante la temporada estival, debido al aluvión turístico, y señaló deficiencias en el depósito de barros cloacales.
En ese contexto, propuso incluso una revisión tarifaria para garantizar los insumos necesarios para el funcionamiento del sistema, con el objetivo de evitar nuevos episodios de contaminación.
El jueves último, la Defensoría reclamó la implementación inmediata de un plan de contingencia por nuevos derrames de efluentes que afectan la cuenca del lago Lácar.
Al mismo tiempo, dio intervención a la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, la Cancillería argentina, la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia de Neuquén y la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales y Leyes Especiales, ampliando así el alcance institucional del reclamo.
Antecedentes: derrames y clausuras de playas
Los eventos registrados en los últimos años refuerzan la preocupación de autoridades y vecinos. En diciembre de 2024, la rotura de una cañería en la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales (PTEC-1) obligó a activar un bypass que derivó líquidos con tratamiento parcial al lago.
Ese episodio motivó la clausura preventiva del acceso costanero, como medida de resguardo sanitario para residentes y turistas.
Un incidente similar ocurrió en septiembre de 2025, cuando otra rotura crítica en una cañería principal provocó un vertido de emergencia al arroyo Pocahullo.
En esa oportunidad, también se dispuso la clausura de la playa del centro para proteger la salud pública ante la posible contaminación del agua.
Durante ambas contingencias críticas del sistema de saneamiento de San Martín de los Andes, desde el Parque Nacional Lanín solicitaron a la municipalidad y al Organismo de Control Municipal (OCM) información técnica sobre causas, medidas correctivas y evaluación de impactos.
Sin embargo, desde el área protegida señalaron que “nunca se recibió la información requerida” por parte de las autoridades locales.
Rol del organismo de control y respuesta pendiente
Ante la consulta de LA NACION, desde la municipalidad confirmaron que la dependencia técnica encargada de responder a la intimación del Parque Nacional Lanín es el Organismo de Control Municipal (OCM).
Se trata de un órgano independiente que regula la concesión del sistema de agua potable y cloacas, actualmente en manos de la Cooperativa de Agua Potable.
Se prevé que su coordinador, Saúl Castañeda, brinde esta semana una respuesta técnica a la notificación de Aquín.
De todos modos, recordaron que desde el OCM ya habían negado que las plantas de tratamiento estén colapsadas, en línea con lo difundido por la Cooperativa de Agua.
“Degradación ambiental irreversible” y cuestionamiento al modelo de crecimiento
Para Aquín, “la continuidad, pasividad o negligencia ante los vuelcos de efluentes sin tratar impacta de manera directa sobre un ecosistema protegido por leyes nacionales, generando efectos acumulativos y sinérgicos de degradación ambiental de carácter irreversible”, según remarcó en el documento.
La intendenta del parque nacional agregó: “La planificación urbana y el otorgamiento de factibilidades edilicias no pueden disociarse de la capacidad real de soporte de la infraestructura sanitaria”, al cuestionar el modelo de crecimiento local.
Y advirtió: “Avanzar en el desarrollo urbano ignorando esta premisa vulnera abiertamente los Principios Preventivo y Precautorio consagrados en el Artículo 4º de la Ley General del Ambiente Nº 25.675”.
En paralelo, la vecina de San Martín de los Andes Valeria López Oronoz, quien el mes pasado presentó un pedido formal de información a la Cooperativa de Agua Potable, puso el foco en el contexto urbanístico.
Advirtió que, “como telón de fondo, el municipio impulsa un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, un Plan de Movilidad Urbana y, como paso final, un Código de Planeamiento Urbano que va a definir cuánto y cómo crece la ciudad: densidades, alturas, usos del suelo”.
López Oronoz se preguntó: “¿Se puede planificar el crecimiento de una ciudad turística (más edificios, más densidad, más población) cuando su propio prestador sanitario reconoce por escrito que el sistema cloacal ya opera al límite y vierte al lago en cada temporada alta?”, al vincular la expansión urbana con la capacidad de saneamiento.
La vecina añadió que la problemática lleva alrededor de 20 años: “En San Martín ya nos acostumbramos a que el verano pueda empezar con la playa cerrada por líquidos cloacales que terminan en el agua. Eso, en una ciudad que vive del turismo, no es un detalle”, subrayó.
Obras prometidas, financiamiento caído y nuevos reclamos
Hace un año, el gobernador neuquino Rolando Figueroa y el intendente de San Martín de los Andes firmaron un convenio de cooperación para ejecutar la obra de tratamiento y disposición de barros provenientes de las plantas de efluentes cloacales.
El acuerdo establecía que el Estado provincial aportaría el 50% de los costos y la municipalidad el otro 50%, con el objetivo de mejorar el manejo de los residuos del sistema de saneamiento.
En ese momento, Saloniti sostuvo que la idea era “seguir ayudando a la Cooperativa de Agua, que siempre requiere inversiones, a partir de no contar con el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa), que era la fuente de financiamiento nacional que siempre tuvimos”.
En 2024 se decretó la disolución del Enohsa y, pese al convenio firmado, el acuerdo entre el gobierno provincial y la municipalidad quedó fuera del presupuesto, por lo que las obras no avanzaron.
Esta semana, Aquín reclamó un cronograma de obras definitivo, que incluya plan de inversiones, ampliación, adecuación y mejora del sistema cloacal, con especificación de plazos de ejecución, fuentes de financiamiento y responsables institucionales.
En tanto, desde la ONG Amigos de la Patagonia –fundada en San Martín de los Andes en 1999– calificaron la liberación de líquidos cloacales al lago como un “delirio”.
La organización subrayó el enorme impacto negativo sobre un recurso vital para el ecosistema y para la economía turística de la región, y pidió que se prioricen las obras de saneamiento para evitar un deterioro mayor del lago Lácar.
