El conflicto por el financiamiento universitario sumará un nuevo capítulo con un paro nacional de docentes de universidades nacionales por 48 horas, previsto para el 27 y 28 de agosto en todo el país.
La conducción de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) confirmó la medida de fuerza, que abarcará a las casas de estudio de las distintas regiones y tendrá un fuerte impacto en el dictado de clases, las actividades de investigación y la atención administrativa.
La huelga fue respaldada por diversos sindicatos de base, entre ellos FEDUBA, y se inscribe en una creciente disputa judicial y política por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma ratificada por el Congreso tras el veto presidencial y cuya implementación sigue trabada.
En el centro del conflicto se ubica la denuncia de que las universidades públicas no están recibiendo las transferencias presupuestarias previstas en la legislación aprobada por el Poder Legislativo, pese a fallos judiciales que ordenan cumplir con la ley.
Según advierten rectores y gremios, esa falta de envío de fondos golpea de lleno en los gastos de funcionamiento diario de las instituciones públicas y en las partidas destinadas a salarios docentes y programas de becas estudiantiles.
Reclamo salarial y pérdida del poder adquisitivo
En el plano salarial, la dirigencia sindical sostiene que las actualizaciones otorgadas en los últimos meses se fijaron de manera unilateral, sin paritaria formal, y quedaron muy por debajo de la inflación acumulada.
Las estimaciones de las entidades gremiales marcan que los trabajadores del sector perdieron cerca de un tercio de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023, por lo que reclaman un aumento superior al 50% sobre los haberes actuales para recuperar el nivel de compra de ese período.
Ese retraso golpea con mayor fuerza a las dedicaciones simples y semi-exclusivas, al tiempo que complica también a los cargos de dedicación exclusiva en las universidades nacionales.
Alerta por fuga de talentos y plan de lucha
Paralelamente, autoridades y representantes del sistema universitario advierten una migración creciente de docentes e investigadores altamente calificados, con títulos de posgrado, hacia el sector privado o instituciones del exterior.
La brecha de ingresos respecto de empresas privadas y universidades de otros países se traduce, según describen, en un “drenaje” de recursos humanos estratégicos que pone en riesgo la calidad educativa y la producción científica y tecnológica nacional.
En este escenario de tensión, la medida de fuerza de 48 horas se desarrollará en medio de la dilación en la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, y los gremios no descartan profundizar el plan de lucha si no hay respuestas concretas del Poder Ejecutivo.
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