Paro universitario contra el veto de Javier Milei: se multiplican las tomas de facultades en todo el país
El día después de que Diputados ratificara el veto de Javier Milei, las universidades comenzaron este jueves un paro contra el rechazo a la Ley de Financiamiento que había aprobado el Congreso en ambas cámaras y se multiplican las facultades tomadas en todo el país.
La medida de fuerza fue convocada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales e implica un paro total con las casas de estudio cerradas durante toda la jornada.
El paro tiene como premisa, según precisaron, “consolidar el plan de lucha en defensa del salario y el presupuesto”.
“Repudiamos a las y los diputados que votaron en contra del mandato popular de defender la universidad”, destacó el frente sindical en el comunicado con el que convocó a la medida.
Las facultades de distintas universidades en todo el país ya habían sido tomadas en la previa de la sesión especial en la que finalmente el oficialismo consiguió los votos para blindar el veto de Milei.
Después de la votación en Diputados, en las distintas facultades se repitieron asambleas estudiantiles que resolvieron continuar la toma.
Además de la ratificación de las tomas por parte de los estudiantes, la Federación de Docentes Universitarios (FEDUN) confirmó el paro instantes después de la votación en el Congreso. A la decisión de confirmar la medida de fuerza, le sumaron después publicaciones en redes sociales individualizando a cada uno de los diputados que apoyaron el decreto del Gobierno.
Las tomas continuaron en Filosofía y Letras (cuya sede es más conocida como Puan), Ciencias Sociales, Veterinaria y Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, y también en Córdoba, Tucumán, La Pampa, Jujuy y Santa Fe.
La Ley de Financiamiento Universitario que vetó Milei se había sancionado en ambas cámaras, tras un proyecto presentado por la Unión Cívica Radical.
Para los gastos de funcionamiento, la iniciativa proponía actualizar las partidas del Presupuesto 2023 -prorrogado por la actual administración- según la inflación acumulada ese año (del 211,4%) y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año.
También establecía nuevos criterios de la distribución del presupuesto e instaba al Poder Ejecutivo a recomponer los salarios de docentes y no docentes.