Paro de controladores aéreos: inminente dictado de conciliación obligatoria del Gobierno
La segunda jornada de paro de los controladores aéreos en Argentina volvió a generar serias complicaciones para miles de pasajeros, mientras el Gobierno nacional evalúa dictar la conciliación obligatoria para encauzar el conflicto. Así lo confirmó el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, quien aseguró: “Estamos evaluando la conciliación obligatoria”.
En declaraciones radiales, el funcionario explicó que la conciliación obligatoria tiene un plazo de quince días, con la posibilidad de extenderse por cinco días más, y que durante ese período las partes deben suspender las medidas de fuerza. “Luego quedan en libertad de acción, por lo tanto estamos tratando de ver hasta qué punto no pueden ponerse de acuerdo”, sostuvo Cordero en diálogo con Radio La Red.
Desde la Secretaría de Trabajo señalaron que el equipo técnico monitorea de manera permanente las reuniones que se desarrollan tanto en la sede oficial como en otros ámbitos, con la expectativa de alcanzar un entendimiento que evite mayores perjuicios a los usuarios del sistema aéreo.
El conflicto, que ya afectó a unos 24 mil pasajeros y amenaza con prolongarse durante varios días, tiene como principales reclamos la reincorporación de trabajadores despedidos, la revisión de condiciones laborales, el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo, además de mejoras en refrigerios y la complejidad operativa de los aeropuertos.
Cordero reconoció que uno de los puntos más sensibles es la dificultad para acordar guardias mínimas en actividades esenciales como el control aéreo. En ese marco, explicó que la reforma laboral impulsada por el Gobierno prevé regular este tipo de situaciones en sectores estratégicos, con el objetivo de garantizar servicios básicos y evitar que los usuarios queden “rehenes” de los conflictos gremiales.
La reforma laboral en debate
Durante la entrevista, el secretario defendió el proyecto de reforma laboral y destacó que se trata de un trabajo “muy valioso” que involucró a ministerios, sindicatos, empresarios, legisladores y equipos técnicos. Recordó, además, una definición de la ministra Sandra Pettovello: “La reforma no puede quitar ningún derecho esencial”.
Cordero también mencionó la participación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y de los equipos de Capital Humano y Economía, y aseguró que el proyecto fue depurado en mesas de diálogo, con el objetivo de dar previsibilidad a empleadores y trabajadores, reducir la litigiosidad y promover la formalización del empleo.
Ante las críticas de sectores sindicales y de la oposición, el funcionario fue tajante: “Las críticas que se hacen son: ‘se bajan derechos’. ¿Cuál? ¿En qué lugar?”, cuestionó. En ese sentido, afirmó que la iniciativa busca ordenar el sistema laboral, reducir cargas sociales “en la medida de lo posible” y sin comprometer el equilibrio fiscal. Además, sostuvo que el rumbo elegido por el presidente Javier Milei fue respaldado por la ciudadanía en las urnas.
Consultado sobre la velocidad del tratamiento legislativo, Cordero negó que exista apuro y remarcó que se trata de un proyecto trabajado durante meses e incluso años, con amplio debate público y parlamentario. “No es algo improvisado ni hecho a las apuradas”, afirmó.
Sobre una eventual judicialización de la reforma, el secretario sostuvo que el Gobierno se preparó presentando una ley “absolutamente equilibrada”, con fundamentos constitucionales sólidos y el aporte de profesionales y académicos. También se refirió al vínculo con el sindicalismo y señaló que, si bien existen sectores más tradicionales, otros impulsan un sindicalismo renovado, enfocado en la creación de empleo.
“La ciudadanía los está mirando con recelo”, advirtió Cordero, y concluyó con una definición personal: “Estoy convencido de que esta reforma permitirá generar más y mejor empleo en la Argentina”.