Pami garantiza que “ningún afiliado se quedará sin servicio de diálisis”
Pami pidió a la Justicia Federal que dicte una medida cautelar de “no innovar” para evitar la interrupción del servicio de diálisis después de las “amenazas” que acusó de distintas entidades que reclaman pagos adeudados.
“La medida solicitada por Pami busca evitar la suspensión de una prestación que podría afectar a miles de pacientes”, explicaron desde la obra social, después de las advertencias que hizo la Confederación de Asociaciones de diálisis de la República Argentina (Cadra), la Cámara Argentina de Productos y Servicios de Terapia Renal y la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales.
En un comunicado, Pami denunció públicamente su “profunda preocupación ante las medidas extremas de amenazar con el corte de una prestación fundamental para garantizar la salud de nuestras personas afiliadas y utilizar la misma como extorsión en el marco de las mesas de negociación”.
“Pami no registra ni una deuda con ningún prestador de diálisis del país. A su vez este año las prestadoras de diálisis aumentaron el 70% su facturación con respecto al año pasado”, aseguraron, y agregaron: “Seguimos ratificando nuestro compromiso como obra social en el fortalecimiento de todo el sistema de salud, asegurando todos los pagos en tiempo y forma”.
Las autoridades de la obra social recordaron que las prestaciones de diálisis durante el 2020 “aumentaron más que la inflación”. “El organismo paga precios similares a los del promedio del resto de las obras sociales y prepagas, mientras le brinda cobertura al 35 por ciento de todos los pacientes que realizan tratamientos de diálisis en el país”, afirmaron.
“El compromiso de la obra social, la más grande de América Latina, es garantizar el acceso a la salud de todas sus personas afiliadas. Asimismo, ratificamos la voluntad de diálogo del organismo, evidenciando las negociaciones y ofrecimientos que ha realizado la obra social”, garantizaron.
Bajo la misma tónica, Pami remarcó que “no dudará en instrumentar todas las herramientas del Estado y de la Justicia ofrecen para resguardar el derecho a la salud”. “Apelamos a la responsabilidad que tienen como efectores de salud para que no interrumpan la atención a nuestras personas afiliadas y apostamos a un diálogo sincero para encauzar los reclamos dentro del marco correspondiente”, concluyeron.