En medio de un proceso de auditorías internas, el PAMI confirmó la baja de más de 1.500 prestadores médicos en todo el país por graves irregularidades vinculadas a fraude, cobros indebidos y prestaciones que, según las investigaciones, nunca existieron.
La decisión ya derivó en nuevas denuncias penales y encendió alarmas dentro del sistema de salud que utilizan millones de jubilados y pensionados.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), conducido por Esteban Leguízamo, informó que las sanciones alcanzan a clínicas, policonsultorios y profesionales que presentaban inconsistencias administrativas, documentación incompleta y prácticas incompatibles con los estándares mínimos de atención sanitaria.
Desde el organismo aseguraron que el objetivo es “ordenar el sistema” y frenar maniobras que drenaban recursos destinados a los afiliados.
PAMI y fraude: las irregularidades detectadas
Las auditorías realizadas por el PAMI detectaron tres grandes focos de irregularidades: facturación de prestaciones inexistentes, cobros indebidos y establecimientos que no cumplían con protocolos básicos de higiene y seguridad.
Según detalló el organismo, en varios casos aparecieron órdenes médicas electrónicas sin respaldo documental, historias clínicas incompletas y prácticas imposibles de justificar por volumen o tiempos de atención.
Uno de los ejemplos más llamativos surgió en especialidades como cardiología y gastroenterología. Allí se detectaron casos de profesionales que registraron cientos de órdenes médicas en apenas un día, una situación que hubiera requerido jornadas de trabajo de más de 80 horas continuas para poder concretarse.
El PAMI también confirmó que comenzó a utilizar controles automatizados sobre umbrales de facturación y turnos digitales para detectar patrones sospechosos y anticipar posibles maniobras irregulares.
Fraude en Tucumán: un policonsultorio bajo la lupa
Uno de los expedientes más delicados se abrió en San Miguel de Tucumán, donde quedó bajo investigación la firma Sanarte S.R.L., un policonsultorio que atendía múltiples especialidades.
La auditoría integral encontró una cadena de irregularidades que fue desde problemas administrativos hasta posibles violaciones a la Ley 26.529 de Derechos del Paciente.
Entre las observaciones más graves aparecieron legajos incompletos, ausencia de matrículas profesionales y falta de habilitación municipal actualizada.
Los auditores también detectaron demoras de hasta 21 días para conseguir turnos en áreas críticas como cardiología, gastroenterología y traumatología.
A la vez, el sistema de atención generó fuerte preocupación, porque el establecimiento otorgaba turnos cada un minuto “por orden de llegada”, algo considerado incompatible con una consulta médica seria y segura.
Además, se encontraron consultas y estudios enviados al PAMI sin documentación respaldatoria, historias clínicas sin firma profesional y prácticas médicas sin informes correspondientes.
La situación derivó en nuevas actuaciones judiciales y posibles sanciones penales para los responsables del centro médico.
Fraude en Chaco: rescisión de contrato y denuncia penal
Otro de los casos explosivos apareció en la provincia de Chaco. Allí, el PAMI avanzó contra un médico prestador de la UGL XIII luego de detectar inconsistencias administrativas y médicas en prestaciones facturadas.
El expediente señala que las áreas técnicas del organismo encontraron documentación clínica incompleta e incumplimientos contractuales reiterados.
El profesional presentó descargos, pero fueron considerados insuficientes por el Instituto.
Finalmente, el PAMI resolvió rescindir el contrato y avanzar con una denuncia penal para que la Justicia determine si existieron delitos vinculados al manejo de prestaciones médicas.
Desde el organismo sostienen que este tipo de maniobras afectan directamente el funcionamiento del sistema y perjudican a los afiliados que necesitan atención médica real y rápida.
Por qué el Gobierno endureció las auditorías
Las bajas masivas forman parte de un proceso de fiscalización mucho más amplio que el Gobierno viene impulsando desde fines de 2025.
En noviembre pasado, el PAMI había denunciado una presunta estafa multimillonaria vinculada a órdenes médicas electrónicas falsas, uso indebido de datos personales y facturación irregular.
Aquellas presentaciones judiciales abrieron al menos seis causas penales federales que todavía siguen en investigación.
El endurecimiento de los controles también llega en un contexto financiero extremadamente delicado. En las últimas semanas, el Gobierno nacional debió asistir económicamente al organismo con una partida extraordinaria de $580.000 millones para sostener prestaciones y pagos a proveedores.
A esto se suma otro problema: cada vez más afiliados denuncian dificultades para conseguir atención médica, mientras varios prestadores aseguran que los pagos del sistema llegan tarde o resultan insuficientes.
En foros y redes sociales comenzaron a multiplicarse los reclamos de jubilados que no consiguen turnos o encuentran clínicas que ya no quieren atender por PAMI, en un escenario donde el organismo intenta depurar su red de prestadores y, al mismo tiempo, garantizar la continuidad de las prestaciones.
