El Gobierno nacional incorporó formalmente a un nuevo funcionario en una pieza central del organigrama. A través del decreto 1044/2026, se confirmó la designación del abogado Pablo Francisco Argibay Molina como subsecretario de Investigación Criminal, dentro del área dependiente de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada.
El puesto clave dentro del Ministerio de Seguridad Nacional era ocupado con anterioridad por Marcelo Carlos Romero, designado en el año 2025. Por su parte, el nuevo titular venía desempeñándose como director nacional de Investigaciones de Delitos Federales y comandó de manera provisoria la mencionada área estratégica.
En sus nuevas funciones, el funcionario asumirá el seguimiento de iniciativas estructurales, entre las que se destaca el Consejo Federal de Delitos Económicos, lanzado formalmente mediante la resolución 230/2026 en el Boletín Oficial.
Dicha entidad opera en la órbita de la propia subsecretaría con la misión de profundizar el abordaje territorial del fraude y las maniobras financieras complejas, sumando delegados de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los cuerpos federales de seguridad.
Estructura y funcionamiento federal
El marco normativo fija que el organismo estará compuesto por “un representante titular y un suplente del área con competencia en materia de Delitos Económicos de cada una de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, que adhieran a la presente, y por un representante de la Dirección de Investigación de los Delitos Económicos y un representante de cada una de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”.
Entre los ejes de trabajo figuran la recopilación y análisis de información de diversas fuentes, además de la formulación de indicadores e informes técnicos periódicos sobre el delito financiero.
A su vez, el artículo 2 de la disposición establece el diseño de un mapa situacional nacional, regional y provincial para delinear medidas de prevención, alertas tempranas y mesas técnicas de diagnóstico.
La coordinación técnica y el respaldo administrativo recaerán directamente en la Dirección de Investigación de Delitos Económicos, previendo la participación de especialistas externos convocados a los encuentros.
Podrán sumarse a los debates delegados de entidades públicas, organismos internacionales, ONG o referentes del sector privado cuya colaboración resulte pertinente. Las sesiones generales se concretarán al menos 1 vez por año para “generar y mantener actualizado el estado de situación de la criminalidad económica en el territorio nacional y medidas para su afección”, según se precisó.
Compromisos internacionales y combate al lavado
La medida se alinea con tratados internacionales rubricados por el país para el decomiso y restitución de activos espurios, en el marco de la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención contra la Corrupción.
Al fundamentar la medida, la cartera nacional destacó el rol de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales para “articular acciones con los organismos gubernamentales locales, provinciales y nacionales e internacionales que tengan vinculación con los delitos económicos investigados, en el marco de sus competencias”.
En el texto oficial se subrayó que estas tareas representan “una parte fundamental de toda investigación de casos de criminalidad compleja”, argumentando además que “la delincuencia económica es aquella dedicada a negocios legales-ilegales de significativa complejidad que puede implicar la participación de instituciones y/o funcionarios estatales, que generan beneficios económicos importantes”.
El esquema prioriza la persecución de maniobras como el lavado de dinero, enriquecimiento ilícito de funcionarios, soborno trasnacional y evasión fiscal a gran escala, justificando la urgencia de contar con un espacio coordinado para diseñar políticas conjuntas de prevención y sanción.
