En el corazón de las finanzas públicas de Tucumán se encendieron luces de alerta: la administración de Osvaldo Jaldo agotó el Fondo Anticíclico y se apoya cada vez más en el crédito para sostener el gasto corriente, garantizar el pago de salarios y asegurar el funcionamiento básico del Estado.
De acuerdo con datos oficiales del ministro de Economía, Daniel Abad, el stock de deuda pública provincial asciende a unos $153.000 millones al 31 de marzo.
Ese pasivo representa alrededor del 3% del presupuesto vigente y, según los cálculos del propio Ejecutivo, implicará destinar cerca del 2,5% del gasto provincial de este año al pago de capital e intereses.
El nivel se mantiene por debajo del tope legal, que habilita a comprometer hasta un 10% del presupuesto para atender servicios de deuda. Sobre esa base, la administración insiste en que el endeudamiento es “manejable”, según la definición que baja desde Casa de Gobierno.
Sin embargo, detrás de ese indicador aparecen las tensiones de caja: el gobierno admitió que, pese al bajo ratio de deuda sobre presupuesto, se vio obligado a agotar el Fondo Anticíclico y a recurrir al crédito para cubrir gastos corrientes, principalmente salarios y servicios esenciales.
Banco Macro, Banco Nación y el mapa de los pasivos
La principal obligación de la provincia corresponde a un financiamiento cercano a los $80.000 millones tomado con el Banco Macro, agente financiero del distrito.
A ello se suma una asistencia por $55.190 millones del Banco Nación, destinada a cancelar compromisos asumidos oportunamente con el ya disuelto Fondo Federal para el Desarrollo Provincial.
Además de los préstamos bancarios, Tucumán mantiene alrededor de $10.000 millones en títulos públicos emitidos en pesos, algunos de ellos ajustados por la tasa Badlar, lo que encarece el costo de financiamiento en línea con las tasas del sistema financiero.
Abad remarcó que la provincia no tomó deuda directa en moneda extranjera, aunque en los registros contables figuran créditos internacionales originalmente denominados en dólares pero contabilizados hoy en pesos.
Roll over para ganar aire y liberar coparticipación
Para evitar que los vencimientos inmediatos se traduzcan en un shock sobre las finanzas provinciales, la gestión Jaldo aplica una estrategia de roll over: refinancia una parte relevante de sus obligaciones y estira plazos.
Esa ingeniería financiera permite liberar recursos de la coparticipación federal y destinarlos al pago de sueldos, gastos de funcionamiento y servicios básicos en un escenario signado por la caída real de los ingresos.
En ese marco, el ajuste interno acompaña esta política: el propio ministro de Economía reconoció recortes de alrededor del 20% en numerosas partidas, que desde marzo alcanzan también a organismos autárquicos y descentralizados.
La medida abre interrogantes sobre el impacto en áreas sensibles como salud, educación, seguridad, programas sociales e infraestructura, donde ya se advierten tensiones sectoriales.
Gasto corriente alto, inversión mínima
Un análisis de la ejecución presupuestaria de los primeros cuatro meses de 2026 ya había advertido que la estructura de erogaciones de Tucumán está fuertemente concentrada en gastos corrientes, con muy baja inversión real directa.
De acuerdo con ese relevamiento, la inversión de capital representó apenas el 2,3% del gasto ejecutado en el período, lo que relativiza el argumento oficial de que el endeudamiento se orienta principalmente a obras de infraestructura.
En números gruesos, el cuadro se resume así: deuda consolidada al 31 de marzo en aproximadamente $153.000 millones; principal acreedor Banco Macro, con cerca de $80.000 millones; asistencia del Banco Nación por $55.190 millones para cancelar pasivos previos; títulos públicos provinciales en torno a $10.000 millones, algunos ajustados por Badlar; e inversión de capital en apenas el 2,3% del gasto ejecutado en el primer cuatrimestre de 2026.
Vulnerabilidad política y social bajo la lupa
El cuadro expone la principal vulnerabilidad de las cuentas tucumanas: si bien el nivel de deuda no implica, por ahora, un riesgo inmediato de insolvencia, el uso creciente del crédito para sostener el gasto corriente, sumado al agotamiento del Fondo Anticíclico y al recorte de partidas, configura un punto de alta sensibilidad política y social.
En ese contexto, la provincia deberá detallar con precisión qué porción de la deuda se utilizó para financiar obras y cuál se destinó al pago de salarios, al funcionamiento del Estado, a la cancelación de pasivos previos y a refinanciaciones sucesivas.
Los próximos informes trimestrales serán clave para determinar si la estrategia de refinanciación permitió reducir gradualmente el pasivo, si implicó un nuevo ciclo de endeudamiento o si el ajuste sobre los organismos descentralizados se profundiza.
Con caída de la recaudación y menor asistencia nacional, la sostenibilidad del esquema financiero de Tucumán quedará bajo la lupa de la oposición, los gremios estatales y la ciudadanía, en un escenario donde cada punto del presupuesto empieza a ser una batalla política.
