Otro ex jefe militar mostró sus reparos sobre la reforma de la Ley de Seguridad Interior
En el marco de la continuidad del debate sobre el proyecto del Poder Ejecutivo que permitiría la actuación de las Fuerzas Armadas ante hechos de terrorismo, asistió este miércoles a la Comisión de Defensa el ex jefe de Estado Mayor General del Ejército, teniente general (R) Diego Luis Suñer, quien ocupó ese cargo entre enero de 2016 y febrero de 2018, y planteó sus dudas respecto de la iniciativa oficial.
Habló de entrada sobre una serie de cambios que se han dado a lo largo de los años en el ámbito de las Fuerzas Armadas, de manera fáctica, sin legislar. “Una de las primeras fue reducir drásticamente los presupuestos de las fuerzas, que optaron por ejemplo por reducir drásticamente los presupuestos de las fuerzas, que por ejemplo optaron por reducir en extremo la cantidad de soldados que se incorporaban en esa época al servicio militar. Se pasó de 80 mil a 30 mil efectivos”, detalló.
Agregó que “en esos años la Ley de Servicio Militar Obligatorio perdió sentido, porque establecía la universalidad de los jóvenes, que tenían primero 21 años y después 18, que debían ser incorporados para ser instruidos, hacer el servicio militar y luego pasar a formar parte de la reserva”.
Suñer advirtió que “después de unos años, el espíritu de la ley fue totalmente vulnerado. El número bajo (de sorteo, para entrar al servicio militar) era de 12, a 140, pasó a ser 680… La ley perdió vigencia, y en el 93, 94, ocurrió el caso Carrasco y se modificó el sistema, pasando al servicio militar voluntario”.
Aclaró que para él no estaba bien, ni mal: “El problema es que los servicios militares obligatorios a voluntarios, han mutado con tiempos largos de acomodamiento para las fuerzas. En cualquier país organizado, que tiene problemas reales que resolver, Francia y Estados Unidos, por ejemplo, estos sistemas han demorado 12, 14, o 15 años, en transformarse en realidad. Acá fue en 4 meses… con las dificultades que ello implica”.
El militar explicó que luego de eso y a lo largo del tiempo, el sistema fue generando otros nuevos problemas que fueron siendo solucionados. Ese es para él “otro ejemplo de que las leyes que nos gobiernan tienen efectos no deseados. No estoy hablando a favor ni en contra, sino que las cosas se podrán haber hecho de otra manera”.
Durante su exposición en la comisión encabezada por Ricardo López Murphy, el general Suñer recordó a continuación que “en algunos momentos se han producido episodios o intentos de achicar en extremo la estructura de las fuerzas, prácticamente sin ningún fundamento”.
Puso como ejemplo contundente la Determinación de Planes de Capacidades 2011, donde se partía de una hipótesis de que como la Argentina está en una “zona de paz” y que los países que nos rodean tienen buena relación con el nuestro y “custodiaban sus fronteras”, era innecesario que tuviéramos un despliegue que abarcara la totalidad del país. Así las cosas, agregó, “les cedíamos a nuestros vecinos el control de las fronteras, porque estábamos en zona de paz. Algo que nadie haría ni siquiera en su casa… El tema quedó en la nada, gracias a Dios; implicaba reducir a un tercio las Fuerzas Armadas que teníamos, o que tenemos”.
“¿Por qué cito estas normas? Porque quiero dejar claro que todas repercuten en forma directa en educación, formación y expectativas”, planteó, para adentrarse a continuación en el tema de la modificación de la legislación que propone el Gobierno. “Hay algunas palabras que deben ser cuidadas. Para ejemplo, seguimos discutiendo, después de 50 años, el significado de la palabra ‘aniquilar’, y todas las consecuencias que trajo para el personal militar que más de 2000 militares han sido sometidos a procesos, y 800 han muerto cumpliendo prisión efectiva”, detalló.
Transmitió a continuación una experiencia personal de 2016, cuando se hizo cargo de la fuerza. Habló entonces con el ministro de Defensa y el presidente de entonces, para replegar el despliegue de fuerzas en la frontera norte, donde había más de mil personas, “porque la cobertura legal era muy laxa y quedaba sujeta a la interpretación del hombre que en ese momento estaba desplegado en la frontera. Y mi función, como jefe del Ejército, era pensar en la legalidad de los actos y en la protección de todas estas personas que iban a estar cumpliendo estas funciones en lugares aislados, sin comunicación muchas veces, y enfrentándose a delincuentes que no estaban todos ligados al contrabando y el narcotráfico, pero que iban a defenderse judicialmente contra aquellos que iban a actuar en defensa de la ley”.
Se dispuso que acompañaran con Gendarmería a las patrullas del Ejército, pero el esquema “no fue exitoso y pedí que se retiraran. Quedaron solamente algunos radares que eran más fáciles de defender, que estaban en lugares localizados bien focalizados y cumplieron una función determinada. Nuestra finalidad en aquel momento fue básicamente preservar a la gente y hacer cosas que estuvieran dentro del marco que establecía la ley, y consideramos que no había ninguna ley que avalara o justificara este despliegue”.
Suñer aclaró que después de 2018 se volvió a desplegar efectivos y esa situación se volvió a dar. “Estamos hablando nuevamente de eso y este proyecto interpreto que trata de generar alguna idea sobre el tema”, resumió, aclarando que algunas de las cuestiones que plantea la iniciativa elaborada por el Poder Ejecutivo “se vienen haciendo desde siempre”. Puso como ejemplo que el Ejército colabore con sus equipos en diversas tareas con la sociedad civil. “Se vienen haciendo desde siempre: que el Ejército colabore con sus equipos no tiene absolutamente ninguna limitación -aclaró-. En las provincias, cada vez que hay un problema, no hace falta ningún decreto ni orden especial, sale el apoyo. Lo único que se pide es la compensación de los gastos que demande el desarrollo, porque a diferencia de las fuerzas de seguridad, el Ejército no tiene presupuesto para acciones no planificadas. Sí las fuerzas de seguridad”.
“Para eso no hace falta ley”, reiteró, precisando luego sus dudas respecto de algunos artículos que le llaman la atención, por ejemplo el que dice que las Fuerzas Armadas pueden intervenir “cuando existan cuestiones que aterroricen a la población”. Suñer advirtió que es “difícil de mensurar qué aterroriza y qué no”, y citó también otro tema, que son las misiones que indica el proyecto, como patrullaje, control de personas y vehículos, aprensión en flagrancia. “Con la cantidad de cuestiones que pueden tener que ver con sorprender a alguien en flagrancia, que puede terminar en la necesidad de enfrentamiento”, advirtió.
El militar destacó que la norma impulsada desde el PEN establece que “en estos supuestos, el uso de la fuerza se regirá en los mismos términos que los de las fuerzas de seguridad nacionales”, quedando habilitadas así las FFAA para operaciones de seguridad interior. “Así como tarda mucho tiempo formar un buen piloto de combate, o un buen soldado de montaña, o un buen paracaidista, también llevará mucho tiempo formar un buen policía, o un buen gendarme. No es una cuestión sencilla y además, la experiencia de otros países, Brasil, Colombia, Bolivia, ha llevado a mucha gente a cumplir condena ex post por no haber tenido adecuada capacitación ex ante”.
Suñer puso como ejemplo lo sucedido también en diciembre de 2001. “Cuando la situación se complicaba, se pidió la intervención de los militares. El jefe del Ejército respondió que sí se podía dar seguridad a la Rosada, al Palacio de Justicia y al Congreso, para que las autoridades políticas resolvieran la situación, pero se aclaró que podían desplegar a unidades de combate armadas con fusiles de combate, ametralladoras con un poder de destrucción tremendo, y no era prudente poner gente armada de esa manera. ¿Cuál era la condición? El estado de sitio, y el estado de sitio no se decretó, con lo cual las Fuerzas Armadas no tuvieron necesidad de actuar. Es un buen ejemplo”, planteó.
La norma propuesta por el Ejecutivo tiene “límites difusos” para el militar, que advirtió que “después de 42 años en el Ejército y haber visto lo que pasó en la historia argentina en los últimos 50 años, hay que tomar recaudos para impartir órdenes que puedan generar problemas a futuro a quienes desarrollan sus actividades con una gran entrega”.