Una designación impulsada por la Dirección General de Administración (DGA) del INTA desató una fuerte controversia interna tras confirmarse que un funcionario cobró una millonaria indemnización en el Estado y pasó a cumplir funciones de inmediato en otra área pública. Se trata de Daniel Alfredo Neira, quien desempeñó tareas en el Enacom hasta fines de julio y percibió una liquidación final neta de $109.781.999,73, pero al día siguiente asumió como gerente contable en el ente tecnológico.
La situación causó malestar dentro del organismo que responde a la Secretaría de Agricultura. La información llegó a oídos de los consejeros directivos, quienes desconocían por completo las condiciones y montos con los que el agente se había retirado de las telecomunicaciones estatales.
El organismo de comunicaciones resolvió prescindir de sus servicios el pasado 31 de julio de 2026 bajo los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
La planilla oficial de liquidación detalló $73.067.618,10 por indemnización por antigüedad, $9.742.349,08 por preaviso y $24.096.076,72 correspondientes a vacaciones no gozadas, lo que selló un cobro de bolsillo de $109.781.999,73.
Un nombramiento exprés bajo la lupa
Poco después de efectivizarse su salida del ente, el legajo de Neira recaló en el Consejo Directivo del INTA por pedido expreso de la DGA, conducida por Gustavo Javier Abaurrea, con el objetivo de sumarlo como director asistente en el área contable.
Un testigo directo de las negociaciones detalló: “Fue un pedido de la DGA para que asista en la Administración. Nunca nos informaron nada de la situación del agente”, advirtió.
La incorporación se formalizó mediante la Resolución 296/2026 del 3 de septiembre, estableciendo su designación transitoria como “gerente tipo A de la Gerencia de Contabilidad, Gestión Administrativa y Patrimonio” con nivel 11 por 180 días. La misma normativa admitió que Neira cesó en Enacom el 31 de julio y que correspondía habilitar su ingreso directo a partir del 1° de agosto.
El expediente se debatió en las reuniones presididas por el titular del INTA, Nicolás Bronzovich. Si bien constaba su trayectoria previa en el Estado, se omitió que se había retirado con un abultado resarcimiento indemnizatorio.
Frente a este escenario, un integrante del cuerpo directivo adelantó: “Ahora vamos a rever la aprobación y, de ser necesario, no aceptamos la incorporación. Ya nos va a informar Jurídicos cómo proceder”, anticipó.
Retiros voluntarios y restricciones vigentes
En cuanto a las coberturas transitorias, explicaron que representan un esquema habitual mientras se tramitan los concursos pertinentes. “Todos los cargos son por concurso, pero es lógico que hasta que se cumpla el concurso el trabajo hay que hacerlo y alguien lo tiene que hacer”, señalaron.
El caso impactó de lleno en una institución que redujo su planta de 5.750 empleados mediante planes de retiro voluntario. El primero, en noviembre de 2024, comprendió a 394 trabajadores, mientras que el segundo, en junio de 2026, alcanzó a unos 850 agentes, aunque varios casos quedaron truncos porque no se computaron los años como personal no permanente.
Aquel régimen de retiros fijado por la Resolución 144/2026 prohibió expresamente el reingreso al Sector Público Nacional por cinco años. No obstante, resta determinar si ese impedimento alcanza a Neira, dado que su cese en Enacom se tramitó como un despido indemnizado tradicional.
