Otorgan la excarcelación a cuatro de los imputados por la estafa en la Legislatura
La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) dispuso el cese de la prisión preventiva de Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo y Alfredo Bilbao –imputados en la causa donde se investigan contrataciones irregulares en la Legislatura de Entre Ríos– y, por lo tanto, resolvió su inmediata excarcelación.
Los jueces Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Ángel Giorgio hicieron lugar al planteo efectuado por los defensores respecto a la carencia de fundamentos para sostener la prisión preventiva, según adelantaron fuentes tribunalicias a Página Judicial.
En consecuencia, dispusieron “el cese de la prisión preventiva, ordenando la inmediata libertad, bajo caución juratoria” de Beckman, Mena, Scialocomo y Bilbao.
Los fundamentos de la resolución se conocerán el viernes 15 de febrero, pero impone a los imputados la obligación de fijar de domicilio en Paraná y no ausentarse de la ciudad, y les prohíbe todo vínculo con los testigos de la causa, como también realizar cualquier tipo de actos que puedan resultarles intimidatorios.
Los abogados defensores habían acudido en queja ante el STJ, solicitando que se revocara la prisión preventiva dictada en primera instancia por Marina Barbagelata, luego ratificada la jueza Carolina Castagno y confirmada por la Cámara de Casación Penal.
Lo que se investiga es el funcionamiento de un sistema de recaudación fraudulento a través de contratos a favor de “prestanombres” a los que se les hacía firmar por montos de entre 35.000 y 50.000 pesos, pero se les entregaban sumas muy menores, que oscilaban en el orden de los 1.500 y 2.000 pesos o, simplemente, se les pagaba el monotributo, lo que les permitía, por ejemplo, tener una obra social.
Los fiscales creen que el escándalo le ha generado a las arcas públicas un perjuicio estimado en 2.000 millones de pesos y que la asociación ilícita viene funcionando de manera ininterrumpida desde enero de 2008 en la Cámara de Senadores y desde diciembre de 2011 en la Cámara de Diputados.
La causa tiene 35 personas imputadas, entre funcionarios, ex funcionarios e integrantes de dos estudios contables, aunque solo unos pocos permanecen detenidos.
En la audiencia celebrada este miércoles cuestionaron la medida por excesiva y, principalmente, plantearon que no se especificaba concretamente qué actos de entorpecimiento de la investigación habían realizado los imputados que justificaran su encarcelamiento preventivo.
“En ninguna instancia hubo una justificación de entorpecimiento concreto de la investigación”, acotó Humberto Franchi, defensor de Beckman, Mena y Scialocomo, según informan los colegas de Página Judicial.
También señalaron durante los once días que estuvieron bajo arresto domiciliario –luego de que se hiciera lugar a un recurso de habeas corpus– no realizaron ningún acto de obstrucción a la pesquisa, no hubo ningún ocultamiento de pruebas ni acciones de intimidación a testigos. “Si no lo hicieron entonces, por qué lo harían ahora”, se preguntó el abogado Iván Vernengo, defensor de Bilbao.
Los fiscales Cecilia Goyeneche e Ignacio Aramberry, por su parte, habían señalado que la investigación penal preparatoria no está concluida y, por lo tanto, persiste el riesgo de que los integrantes de la organización puedan entorpecer la pesquisa, ocultar pruebas o amedrentar a testigos. También hicieron hincapié en que no todos los imputados se encuentran en prisión preventiva, por lo que no se trata de una medida arbitraria.
Goyeneche explicó el funcionamiento de la organización delictiva y sostuvo que “no se pueden observar las conductas de cada uno en forma individual sino como parte de una asociación ilícita donde los imputados cometieron un peculado reiterado” e incluso dejó entrever que podría haber otros grupos de poder involucrados.
Lo cierto es que la decisión de la Sala Penal abre las puertas para que los otros cinco detenidos sigan el mismo camino: Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri; Alejandro Almada; el contador Alfredo Ariel Faure; Gustavo Pérez, ex director del Servicio Administrativo Contable del Senado; y Sergio Cardoso, que cumplía idéntica función que éste último, pero en Diputados y se encuentra bajo arresto domiciliario.