El diputado bonaerense Francisco Adorni, hermano del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, finalmente será investigado en Comodoro Py por el juez Sebastián Ramos y el fiscal Ramiro González, en una causa por presunta malversación de fondos en torno al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y un préstamo de $40.000 millones.
La decisión se tomó tras una resolución de la Cámara Federal porteña, que ordenó acumular en un solo expediente las investigaciones que ya estaban en marcha sobre las irregularidades en la obra social militar y el rol de los organismos descentralizados del Ministerio de Defensa.
La denuncia inicial y el rol de Pagano
La diputada nacional Marcela Pagano había denunciado a Adorni por su desempeño como presidente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), cargo que ocupó dentro del Ministerio de Defensa.
La legisladora le atribuyó responsabilidades en el seguimiento, control y eventual renegociación de el préstamo millonario que el IAF le otorgó al IOSFA, obra social que atravesó una severa crisis financiera que derivó en su posterior disolución. La acusación también se extendió al exministro de Defensa, Luis Petri.
Ese expediente quedó a cargo del juez Daniel Rafecas y de la fiscal Alejandra Mángano, quien advirtió que existía una causa previa en la que se analizaban hechos análogos.
Las anomalías bajo la lupa en el IOSFA
En el proceso que ya estaba en marcha en el Juzgado Federal N° 9 —que subroga el juez Ramos— se investigan diversas anomalías en el IOSFA, tales como la compra directa de armamento por $25.000 millones, la compra directa de medicamentos también por $25.000 millones, un convenio para destinar el 2% de los salarios militares a afrontar la crisis financiera de la obra social y, además, la solicitud del préstamo de $40.000 millones al IAF.
Por este motivo, el juez Rafecas aceptó el pedido de la fiscalía para enviarle el caso al juez Ramos y así acumular ambas investigaciones por conexidad, al entender que compartían los mismos hechos y protagonistas.
La resistencia de Ramos y la disputa por la competencia
Sin embargo, el Juzgado Federal N° 9 rechazó la competencia, con el aval del fiscal González. El juez Ramos argumentó que existía una diferencia temporal importante, dado que el crédito original se gestionó en enero de 2025, mientras que Francisco Adorni se incorporó al IAF recién en junio de ese año.
Ramos sostuvo que el funcionamiento interno del IAF excedía el objeto procesal de la primera causa y consideró prematura la unión de los expedientes porque aún no se habían realizado medidas de prueba ni la ratificación de la denuncia. Ante esta negativa, Rafecas trabó una contienda de competencia que finalmente llegó a la Cámara Federal de Apelaciones.
La decisión de la Cámara Federal
La Sala I de la Cámara Federal, integrada de forma unipersonal por el juez Leopoldo Bruglia, determinó que las causas se acumulen, al entender que comparten un mismo contexto fáctico e institucional que vincula al Ministerio de Defensa con los entes descentralizados bajo un mismo período de gestión.
“Por razones de economía procesal, de mejor administración de justicia y de prevención de decisiones eventualmente contradictorias”, corresponde que sea el juez subrogante Sebastián Ramos quien conduzca una única investigación, estableció el tribunal de alzada en el fallo.
Todo esto, aclaró la Cámara, es “sin perjuicio de que el avance de la investigación habilite un replanteo de la cuestión”, a partir de eventuales pruebas que ameriten separar los casos.
Otra causa sensible por enriquecimiento ilícito
En paralelo, el juez Daniel Rafecas tiene en su despacho otro expediente que complica al hermano del exjefe de Gabinete. Se trata de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en declaraciones juradas, en la que Francisco Adorni tiene un pedido de indagatoria firmado por el fiscal Guillermo Marijuán.
Ese caso tramita en el Juzgado Federal N° 6, que Rafecas subrogará hasta octubre de este año, en paralelo a la investigación sobre la fortuna de Manuel Adorni. El magistrado debe definir si ordena o no la indagatoria del legislador provincial libertario.
