La Fundación Cauce: Cultura Ambiental – Causa Ecologista informó al Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú sobre la falta de respuesta del Ministerio de Ambiente de Uruguay ante un pedido de acceso a la información pública ambiental vinculado al proyecto de combustibles sintéticos que la empresa HIF Global impulsa en Paysandú.
La presentación ante el Comité se concretó luego de que la cartera ambiental uruguaya no respondiera una solicitud de acceso a la información presentada en marzo de este año y reiterada en mayo por Cauce, junto a ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil de la región del río Uruguay. Hasta el momento, no se ha recibido respuesta alguna por parte de las autoridades competentes, remarcaron.
Frente a esta situación, la organización puso en conocimiento al Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú del presunto incumplimiento de las obligaciones vinculadas al acceso a la información ambiental por parte del Estado uruguayo.
Cabe recordar que Uruguay fue uno de los países que ratificó el Acuerdo de Escazú, instrumento regional que reconoce y protege los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales.
Según explicó la entidad, la información requerida resulta especialmente relevante por la magnitud del proyecto industrial previsto en Paysandú y por los posibles impactos transfronterizos que podría generar sobre el río Uruguay, un ecosistema compartido entre Uruguay y Argentina, así como sobre la salud de la población.
En ese marco, Cauce subrayó que el acceso oportuno a la información pública ambiental es condición fundamental para que las comunidades potencialmente afectadas puedan conocer, evaluar y participar de manera informada en los procesos de toma de decisiones sobre proyectos que se desarrollan en sus territorios.
El detalle del pedido de información
La solicitud presentada ante el Ministerio de Ambiente de Uruguay requirió acceso a documentación e información vinculada al proyecto HIF Paysandú, entre ellas:
– El expediente administrativo completo del proyecto.
– Estudios de prefactibilidad y evaluaciones de impacto ambiental realizadas.
– Informes técnicos elaborados por organismos públicos competentes.
– Resoluciones, autorizaciones o permisos otorgados por el Estado uruguayo.
– Información relativa al uso de agua, emisiones atmosféricas, efluentes y residuos asociados a la iniciativa.
– Evaluaciones de impactos ambientales, sociales y sanitarios del emprendimiento.
– Análisis sobre posibles impactos transfronterizos en el río Uruguay y áreas de influencia.
– Instancias de participación pública realizadas o previstas en el marco del proyecto.
– Convenios suscriptos entre el Estado uruguayo y la empresa HIF Global.
– Comunicaciones mantenidas con el Estado argentino o con la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
Para la Fundación, la ausencia de respuesta por parte del Estado uruguayo obstaculiza el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información ambiental y limita de manera directa las posibilidades de participación ciudadana en la evaluación del proyecto.
Finalmente, Cauce adelantó que continuará impulsando las herramientas jurídicas e institucionales necesarias para garantizar el acceso a la información pública ambiental y la plena vigencia de los derechos reconocidos por el Acuerdo de Escazú.
