Oil Combustibles: nunca se analizaron estados contables

Los estados contables de la petrolera Oil Combustibles nunca fueron incluidos como pruebas en la investigación que buscaba determinar si existió un delito en el otorgamiento de facilidades de pago de la AFIP para la deuda por el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC).

 

La omisión clave de esa documentación fue relatada por el empresario Fabián De Sousa, en la continuidad de su declaración indagatoria, ayer, durante una nueva audiencia en el juicio oral por la presunta defraudación al fisco. Ya en libertad, luego de la serie de fallos que confirmaron que debía ser excarcelado junto a Cristóbal López, apuntó nuevamente a la orden que habría dado Mauricio Macri para “romper” la compañía y señaló que la acusación por parte de la fiscalía y de la querella respecto a la adquisición de otras compañías y la expansión del grupo obedeció a un plan de negocios que había sido explicitado desde el año 2011 para desarrollar “tiendas de conveniencia” en cada estación de servicio.

 

De Sousa volvió a utilizar su declaración para denunciar una persecución oficial. “Nunca he cometido un delito pero los que nos trajeron acá –por el juicio- cometieron delitos”, señaló al indicar que hay responsables desde el punto de vista del daño patrimonial, pero también en materia penal.

“Lo que hicimos fue peticionar un plan de pagos para pagar una deuda”, simplificó el eje central de la acusación realizada por la AFIP y por el juez Julián Ercolini en el auto de elevación a juicio.

 

Incluso para detallar las contradicciones, apuntó que parte de las posiciones de ITC que no habían sido cubiertas a comienzos de 2016 fueron autorizadas por la administración de Alberto Abad (Cambiemos) para ingresar a un plan de pagos general.

A su vez, ejemplificó que desde el 24 de julio de 2013 cuando solicitó acogerse al primer plan por Oil, la ley autoriza a incluir los impuestos adeudados subsiguientes hasta que se resuelva la petición –favorablemente o no- y que esos montos también se incluyan en la refinanciación. Pero que, para graficar la voluntad de pago que existía, se pagaron los meses de junio, julio, agosto y septiembre y que uno de los planes que habían quedado caducos por $86 millones se abonaron en un solo pago, antes incluso de que en diciembre de ese año se aprobara finalmente el plan por el artículo 32.

 

Con la lectura de las “memorias” contenidas en los balances de 2013 y 2014, De Sousa detalló también que allí se planteaba un modelo de negocios que incluyera refinación y provisión de combustibles a través de la red pero el establecimiento de tiendas de conveniencia que unificaran servicios financieros y una aseguradora.

Para ello se adquirió el banco Finansur y Providencia con el objetivo de convertir a cada punto de venta en proveedor de servicios para la producción. Todo eso, relató, estuvo además condicionado por factores externos (sobre el precio del petróleo, devaluación y congelamiento de precios internos dispuestos por el gobierno kirchnerista y que ya había explicado en la audiencia anterior) pero que también fueron detallados en los informes de la consultora Deloitte, encargada de auditar el funcionamiento de la petrolera.

 

En ese esquema, explicó lo que fue el revalúo de la compañía, que con activos factibles de ser dolarizados, había atravesado varios procesos de depreciación del peso. Ese movimiento para la acusación buscaba “inflar” el precio de la empresa “vaciada”, pero De Sousa apuntó que en realidad lo que generaba era que los activos se valorizaran con el nuevo tipo de cambio y que, por consiguiente, pasaran a tener una base imponible superior, por lo que debían pagar más al fisco.

Esas intervenciones buscaron deslegitimar uno de los pilares de la presunta defraudación: que existió una “organización criminal” que con ambos empresarios como partícipes y con Ricardo Echegaray a la cabeza causaron un perjuicio al fisco financiando las deudas de ITC.

 

Pero en la audiencia hubo otra revelación según revelan los colegas de Ámbito en este jugoso informe: en marzo de 2016 la petrolera internacional Gulford ofreció comprar parte de Oil y quedarse con el Puerto San Lorenzo entre otros activos.

Ofreció aportar u$s 480 millones, lo que habría permitido a la compañía saldar el 100% de su deuda con el fisco y avanzar en un plan de desarrollo integral de todo el holding.

 

Con la denuncia ya planteada y con la presión oficial, fue el juez Ercolini el que bloqueó la operación.