OCA se quedó sin licencia para operar y el Enacom aún no define su futuro
La saga de la crisis de OCA, el mayor correo privado argentino, sumó un nuevo capítulo el domingo 30 de septiembre, cuando se venció la prórroga que le había otorgado Enacom para operar como servicio postal. Virtualmente, la firma presidida por Patricio Farcuh y vinculada al líder camionero Hugo Moyano está operando desde este lunes sin ese permiso, y con sus cuentas intervenidas por orden judicial, a pedido de la AFIP, con quien mantiene una deuda cercana a los $ 5.000 millones.
Al encontrarse intervenida, la empresa pidió al juez Pablo Tejada, titular del juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 10 de Lomas de Zamora, donde se tramita la quiebra, que solicite al Enacom la extensión de la licencia mientras dure el pedido de exclusividad, es decir el plazo que tiene las compañias concursadas o en quiebra para hacer una propuesta a sus acreedores.
Sin embargo, en un oficio librado el 28 de septiembre, el juez se hizo el distraído y sólo notificó al ente regulador sobre la intervención, sin mencionar el pedido de extensión. En su oficio, el juez Tejada reiteró su decisión de desplazar a Farcuh de la compañía y designar un nuevo interventor administrador judicial, en reemplazo de Marcelo Griffi, quien había sido designado en mayo y renunció el 16 de agosto. Y destacó que “hasta tanto un nuevo interventor sea designado, asumirá dichas funciones la sindicatura actuante y será la única autorizada a operar en cuentas bancarias a nombre de la empresa”. También decidió embargar las cuentas de la compañía por un monto de $ 30 millones para beneficiar a los acreedores.
Desde el Enacom señalaron que “al no haber recibido ningún pedido oficial de extensión de la licencia”, no iban a expedirse sobre el caso, dejando la situación en una suerte de limbo. O a la espera de alguna definición política sobre los pasos a seguir en la relación con Hugo Moyano. Hasta ahora, OCA venía operando en virtud de un acuerdo al que arribaron en mayo el Enacom y el gremio de Camioneros, por el que se extendió la licencia del correo hasta el pasado 30 de septiembre. A cambio de esta medida, el gremio levantó entonces un paro que había convocado en defensa de 7000 empleados que trabajan en la compañía.
OCA mantiene una deuda con el organismo recaudatorio que llega a los $ 3200 millones, motivo por el cual la firma pidió el concurso de acreedores en noviembre de 2017. De ese monto, $ 2300 millones forman parte del proceso concursal y otros 900 fueron generados luego de entrar al concurso preventivo de acreedores.
Asimismo, la AFIP denunció a Farcuh por “vaciamiento”, luego de verificar el desvío de abultadas sumas de las cuentas de la compañía entre 2016 y 2018 para fines ajenos a su actividad. Este diario intentó comunicarse con el ejecutivo, pero no obtuvo respuesta.