Nunca más discriminar a Discapacitados

ESPECIAL.- La política en materia de Discapacidad debería implicar mucho más que la prestación de cuidados elementales en lo inherente a educación, rehabilitación e integración. Los derechos de las personas con discapacidad deberían ser objeto de gran atención, promoviéndose enérgicamente progresos en mejorar las condiciones de vida robusteciéndose principios de responsabilidad, acción y cooperación, a partir de sólidas normas que constituyan un instrumento legal de acción que ampare a toda persona con discapacidad.

 

El Estado debería ser consciente y comprometerse a actuar individual y colectivamente en pos de promover niveles de vida más elevados, para quienes se hayan afectados por diferentes discapacidades, reafirmando el deber de defender los Derechos Humanos, la Justicia Social, la Dignidad y el Valor de la Persona Humana, adoptando medidas especiales para proteger los Derechos de los Niños con Discapacidad.

 

Por ende, debe resguardar los Principios para la protección de los discapacitados, de modo esencial en lo concomitante al mejoramiento de la atención de la salud respecto a condiciones y necesidades especiales, reforzándose aspectos decisivos de las Políticas Sociales en la esfera de la discapacidad, incluido, cuando proceda, el fomento activo de la cooperación económica y técnica.

 

Más aún en la etapa de la niñez, debiéndose movilizar los recursos humanos imprescindibles, insoslayables para la atención más abnegada, más virtuosa en lo concerniente a idoneidad y excelsa humanidad.

 

Expresado ello, pasamos a narrar lo sufrido por el colega amigo Guillermo Clausi, uno de los mejores relatores deportivos de la República, quien en su Muro de Facebook, contó lo siguiente: “08:51 de la mañana de este lunes 26 de mayo de 2014. Acabo de terminar mi llamada a Desarrollo Social de la Nación (0800 222 3294) para pedir información sobre mi solicitud de Pensión por Discapacidad para mi hija, que nació con Síndrome de Down y que posee Certificado de Discapacidad oficial y vigente.

Me contestaron que la misma fue denegada por ‘Amparo Familiar’. Cuando pregunté qué significa eso, me contestaron que la familia puede brindarle contención.

Mi esposa y yo tramitamos esa pensión a través de la Municipalidad de San Lorenzo, en la repartición ubicada en Sargento Cabral 737.

En este país, vivimos de lo que la Nación bien hizo en definir como ‘trabajo informal’: vendo publicidad para dos medios periodísticos y relato fútbol en una emisora de radio de AM. Lo que facturo mensualmente no llega a dos mil pesos y, con el resto que obtengo, no alcanzo a cubrir lo mínimo.

Tenemos una casa que es Bien de Familia y que se viene abajo porque no nos alcanza para arreglarla. Con mi familia, sostenemos la situación gracias, también, a la ayuda económica de amigos (gracias Jorge, Gerardo, Lidia, Nerina, Evelin y Hugo) y parientes, que aún no pude devolver.

Tenemos un auto Renault 12 modelo 1993 que ni siquiera pudimos transferir a nuestro nombre, todavía. Tuvimos y tenemos severos problemas para que la prepaga a la cual nos asociamos le brinde a mi hija lo que le corresponde por Ley (24901 y otras); problemas que se redujeron en parte gracias a la labor DESINTERESADA de nuestros abogados, quienes trabajaron y trabajan casi sin cobrarnos, porque no podemos pagarles.

A pedido de la asistente social con la cual tratamos, firmamos una Declaración Jurada describiendo todo esto y más, sin mentir ni en una palabra.

Presentamos todos los papeles, una y otra vez, que la mencionada asistente nos pidió, amén de hacer firmar por los médicos respectivos todos los formularios que se nos entregaron, mientras la asistente esperaba en su despacho y mientras nos cruzábamos en el Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo con otras asistentes, de otras localidades, que sí se ocupaban ellas de ese menester.

Ahora me informaron que el expediente se archivó, porque eso es lo que sucede cuando una de estas solicitudes es denegada, y que podemos pedir que se “desarchive” el mismo mediante trámite a realizar en el mismo lugar donde empezamos con esto, trámite que demandará no menos de cuatro meses.

Cuando pedí que me dijeran en qué se basa la Nación para aseverar que nuestra situación económica, tal como la describí, es lo suficientemente holgada para darle todo lo necesario a mi hija, me respondieron que tendría que haberme llegado una carta con la explicación.

Esa carta nunca llegó.

¿Cómo confiar en que el trámite será bien canalizado cuando la asistente social fue la primera en poner un “pero” cuando iniciamos lo de la pensión, diciéndome que yo figuraba como integrante de una Sociedad de Hecho?

Una Sociedad de Hecho que no facturaba ya y en la cual yo mantenía mi nombre porque ¡quería trabajar!

¿Cómo confiar, si cuando la semana pasada le pregunté a la asistente si sabía por qué la pensión aún no le había sido otorgada a mi hija, me respondió “y… será porque tu hija no está en situación de vulnerabilidad”?

¿”Será porque…”? ¿No es una obligación exigible a ella interiorizarse y asistirnos?

De mi parte, se acabaron las contemplaciones. No queremos un sólo centavo más de lo que a mi hija le corresponde, pero sí lo que le corresponde, PORQUE LE CORRESPONDE. Y si la Presidenta dejara de vanagloriarse de todo (¿?) lo que hace por la inclusión de personas discapacitadas, sería mejor, porque sería una chance menos de enfurecer hasta un punto desconocido a gente como nosotros”.

 

Reflexión

 

Triste, tristísima coyuntura afecta a Guillermo, su pequeña hija, su Familia.

¿Cuántos argentinos sufrirán éste padecimiento?

¿Cuántos podrán expresarlo?

¿Cuántos se animarán a manifestarlo? Por ello estas líneas.

Tendientes a un cambio, a una transformación. Para ello, el Estado debe esforzarse por proporcionar programas dirigidos por equipos multidisciplinarios de profesionales para la detección precoz, la evaluación y el tratamiento de las discapacidades.

 

En esa forma se podría prevenir, reducir o eliminar sus efectos perjudiciales. Esos programas deben asegurar la plena participación de las personas con discapacidad y de sus familias en el plano individual y de las organizaciones de personas con discapacidad a nivel de la planificación y evaluación.

 

Debe capacitarse a los trabajadores comunitarios locales para que participen en esferas tales como la detección precoz de las deficiencias, la prestación de asistencia primaria y el envío a los servicios apropiados.

 

Debe velar por que las personas con discapacidad, en particular lactantes y niños, reciban atención médica de igual calidad y dentro del mismo sistema que los demás miembros de la sociedad.

 

Debe custodiar que todo el personal médico y paramédico esté debidamente capacitado y equipado para prestar asistencia médica a las personas con discapacidad y tenga acceso a tecnologías y métodos de tratamiento pertinentes.

 

Debe cuidar que las personas con discapacidad reciban regularmente el tratamiento y los medicamentos que necesiten para mantener o aumentar su capacidad funcional.

 

Debe asegurar la prestación de servicios de rehabilitación para las personas con discapacidad a fin de que logren alcanzar y mantener un nivel óptimo de autonomía y movilidad.

 

Debe elaborar programas nacionales de rehabilitación para todos los grupos de personas con discapacidad.

 

Dichos programas deben basarse en las necesidades reales de esas personas y en el principio de plena participación e igualdad.

 

Esos programas deben incluir una amplia gama de actividades, como la capacitación básica destinada a mejorar el ejercicio de una función afectada o a compensar dicha función, el asesoramiento a las personas con discapacidad y a sus familias, el fomento de la autonomía y la prestación de servicios ocasionales como evaluación y orientación.

 

Debe vigilar el establecimiento y la prestación de servicios de apoyo a las personas con discapacidad, incluidos los recursos auxiliares, a fin de ayudarles a aumentar su nivel de autonomía en la vida cotidiana y a ejercer sus derechos.

 

Debe proporcionar equipo y recursos auxiliares, asistencia personal y servicios de intérprete según las necesidades de las personas con discapacidad.

 

Por ende, concluyendo, el Estado tiene el deber ineludible de incluir con sensible racionalidad, las cuestiones relacionadas con la discapacidad en los presupuestos ordinarios de todos los órganos de gobierno imbuidos en una problemática que hoy pasa a constituirse, en este caso, en una execrable actitud de discriminación.