El nuevo embargo a Lorena Villaverde por el complejo inmobiliario Tajamar en Las Grutas volvió a colocar a la diputada libertaria en el centro de una causa judicial por presuntas irregularidades en la venta de lotes.
La Justicia de Río Negro ordenó este miércoles un nuevo embargo contra la diputada nacional por un monto de 29.970 dólares, en el marco de un reclamo por supuestas irregularidades en la comercialización de un lote en esa localidad balnearia.
La resolución fue firmada por el juez Cristian Tau Anzoátegui, de la Unidad Jurisdiccional 5 de la III Circunscripción Judicial de Río Negro, quien dispuso la medida como cautelar en favor del denunciante.
El expediente se originó a partir de un presunto incumplimiento en la entrega de un lote adquirido dentro del desarrollo inmobiliario Tajamar, en Las Grutas, donde compradores cuestionaron el proceso de venta y formalización de la operación.
La legisladora libertaria aseguró que no fue notificada de la decisión judicial y denunció que todo se da en un contexto de hostigamiento: “Desde hace tiempo vengo soportando un tratamiento institucional provincial, municipal y mediático particularmente violento y desigual, que no puede analizarse por fuera del escarnio mediático, político y la violencia institucional, como mujer y representante del pueblo rionegrino, que he atravesado”, remarcó.
En ese marco, la diputada insistió en que no busca fueros ni excepciones en las causas que la involucran y apuntó contra el manejo público del caso: no pretende sustraerse “de ningún proceso ni pedir privilegios”, enfatizó.
Y sostuvo que reclama las mismas garantías que cualquier persona sometida a proceso judicial: “Quiero exactamente lo mismo que cualquier ciudadano: ser notificada, ejercer mi defensa y no ser condenada públicamente por el poder informal que ejercen algunos medios antes de que la Justicia resuelva”, advirtió.
Desde el ámbito judicial explicaron que la medida de embargo se dicta para proteger un eventual resultado positivo para el denunciante, pero que, a los fines procesales, no implica aún determinar quién tiene razón en la disputa de fondo.
Los antecedentes por el desarrollo Tajamar
Este embargo no es el primero que enfrenta Villaverde por la comercialización de lotes en el complejo Tajamar, ya que en los últimos años se acumularon denuncias civiles y una causa penal, aunque todos los procesos siguen en trámite y no hay condenas firmes contra la diputada.
En distintos expedientes, compradores relataron problemas en la entrega de los terrenos, la escrituración y la provisión de infraestructura básica, lo que derivó en reclamos formales ante la Justicia rionegrina.
Uno de esos conflictos habría culminado en un acuerdo económico entre las partes, mientras que los demás continúan en trámite o se encuentran sujetos a eventuales arreglos extrajudiciales.
Durante 2025 se dispusieron embargos preventivos vinculados a estas causas por cifras cercanas a los 50 millones de pesos, lo que marcó el primer impacto patrimonial significativo para la legisladora.
En diciembre de ese mismo año, otro expediente avanzó sobre la dieta y el aguinaldo de la diputada por una suma aproximada de 40,5 millones de pesos, profundizando el frente judicial vinculado al desarrollo inmobiliario.
A esos antecedentes se sumó, en marzo de 2026, un nuevo embargo preventivo por un monto superior a los 31 millones de pesos, y ahora la Justicia rionegrina dictó una medida similar expresada en dólares estadounidenses, que se agrega al listado de cautelares sobre el patrimonio de Villaverde.
