Nueva ofensiva K contra la Corte
En la Cámara de Diputados ingresó un proyecto de ley que quita al Poder Judicial y a la Corte Suprema facultades presupuestarias, de manejo de personal y hasta de fijación de sueldos y prevé que esas tareas pasen a manos del Consejo de la Magistratura.
Esos cambios estaban estipulados en la primera versión de las reformas que el Gobierno promovió para ese poder, pero luego fueron desestimados a raíz de un planteo que hizo un grupo de jueces durante el debate en el Congreso.
La iniciativa, impulsada por Diana Conti, Carlos Kunkel, Héctor Recalde, José María Díaz Bancalari, María Teresa García y Gloria Bidegain, modifica seis leyes nacionales y vuelve a lo que fue el proyecto original del Ejecutivo.
La medida otorga al Consejo de la Magistratura la potestad de “aprobar” con mayoría simple el anteproyecto del Presupuesto anual del Poder Judicial (en la actualidad sólo “toma conocimiento” del mismo y lo pasa, “para su consideración”, a la Corte). Permite a ese órgano “reajustar los créditos del presupuesto”, “fijar las dotaciones de personal de los Tribunales, juzgados y dependencias” y “llevar adelante la administración de personal de todo el Poder Judicial de la Nación, incluida la capacitación, el ingreso y promoción y la escala salarial, con exclusión del personal de la Corte Suprema”.
De aprobarse, el Consejo podrá, además, “cubrir los cargos de secretarios y de personal auxiliar de los tribunales” y podrá “redistribuir o trasladar” a quienes se desempeñen “en cualquiera de los fueros”, al tiempo que “fijará las dotaciones de personal de los distintos Tribunales y organismos”. También será el encargado de “establecer” las remuneraciones de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial.
El proyecto fue presentado una semana después de que la Corte Suprema rechazara la ley que modificaba la conformación y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, y que también ordenaba que sus miembros fueran elegidos por votación popular.
Funcionarios del Ejecutivo y la presidente Cristina Kirchner criticaron la decisión del máximo tribunal, y ayer, incluso, la agrupación Justicia Legítima, ligada al kirchnerismo, marchó hasta el Palacio de Tribunales para manifestar su descontento. El cortocircuito entre la Casa Rosada y la Corte se potenció con la denuncia de Ricardo Lorenzetti de que la AFIP lo estaría investigando.
Por esa razón, el diputado denarvaísta Gustavo Ferrari consideró que el proyecto de los diputados kirchneristas “no puede analizarse descontextualizado”. “Es un vuelto, una burda respuesta a la Corte, utilizando una ley como medio de escarmiento, como medida de hostigamiento”, aseguró.