A pesar de haber presentado su renuncia al Gobierno a fines de junio, se conoció que el exfuncionario continúa recibiendo privilegios oficiales y todavía goza de custodia del Estado en su vivienda familiar.
Móviles pertenecientes a Gendarmería Nacional fueron registrados mientras patrullaban los accesos del barrio privado Indio Cuá, ubicado en la localidad de Exaltación de la Cruz.
El hecho abrió una fuerte polémica sobre la utilización de los recursos públicos, abriendo el debate sobre los motivos para destinar fondos a alguien sin funciones estatales.
Dudas sobre la autorización del operativo
El country donde reside cuenta con su propio sistema de vigilancia con cámaras y drones costeados por los propietarios, por lo que el despliegue adicional de camionetas y gendarmes despertó el malestar vecinal.
La controversia se extendió a las inmediaciones del complejo tras la aparición de diversas pintadas en la zona, mientras las miradas apuntan a la autoridad que avaló el operativo oficial.
Al no tener ya ningún tipo de facultad ejecutiva, el reclamo se dirige al Ministerio de Seguridad y al Ejecutivo para esclarecer el marco legal del beneficio.
Protección en traslados y causa judicial
La cobertura de seguridad tampoco se limita al perímetro de su domicilio, sino que los efectivos realizan tareas de avanzada en locales gastronómicos y comercios que suele frecuentar.
El esquema responde principalmente al temor a sufrir escraches o agresiones en la vía pública, adquiriendo las características de un servicio de protección personal sin respaldo de cargo formal.
El escenario suma tensión debido al frente judicial que enfrenta con el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien encabeza una investigación por presunto enriquecimiento ilícito e irregularidades patrimoniales.
La Justicia ya solicitó explicaciones formales sobre las rectificaciones en sus declaraciones juradas, un expediente que podría derivar en cargos por omisión maliciosa e inhabilitación para la función pública.
En medio de estas actuaciones, se multiplican los cuestionamientos sobre hasta cuándo se mantendrán los recursos públicos asignados a su resguardo.
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