Naciones Unidas cooperará con Entre Ríos en capacitación de las fuerzas de seguridad
En el Salón de Audiencias del Superior Tribunal de Justicia (STJ), se rubricó un convenio entre el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Ilanud), el Superior Tribunal de Justicia y el Ministerio de Gobierno.
El objetivo es facilitar la cooperación interinstitucional y fomentar actividades conjuntas dirigidas a la capacitación de los miembros integrantes de las instituciones. La firma del convenio se da en el marco de la Jornada sobre Ejecución Penal que lleva adelante el STJ.
Rubricaron el convenio de colaboración el director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Ilanud), Elías Carranza, la presidenta del STJ; Leonor Pañeda y el ministro de Gobierno, Adán Bahl. Además participaron de la jornada la vicepresidenta del STJ, Claudia Mizawak, los vocales Susana Medina de Rizzo y Carlos Chiara Díaz, el defensor General Maximiliano Benítez, el procurador General, Jorge Amilcar Luciano García, la jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Cecilia Bertora, la secretaria General del Ministerio de Gobierno, Lucila Haidar, el jefe de Policía, Héctor Massuh, el director del Servicio Penitenciario, Horacio Pascual, entre otras autoridades.
“La provincia de Entre Ríos está haciendo una labor muy interesante, inclusive observando algunos indicadores macro, en una situación que la pone al nivel de los países de Europa occidental, es la materia que nos interesa y que es la de la criminalidad, justicia penal y particularmente las prisiones” afirmó Carraza.
Y agregó: “Yo creo que están en una muy buena senda, si bien y como sabemos, en todo el mundo hay una situación muy crítica financiera, de desempleo y en materia de criminalidad y prisiones con tasas que se elevan aceleradamente”.
En este marco Carranza reflexionó: “Es destacable el funcionamiento que lleva la provincia con el nuevo procedimiento penal que está haciendo elevar la tasa de presos y presas. Entre Ríos se encuentra en una situación similar, entonces, a la de Chile y Costa Rica, con porcentajes de presos y sentencias muy reducidos, pero con tasas de presos que viene creciendo aceleradamente”.
Visión estratégica
El ministro de Gobierno, Adán Bahl, dio precisiones al respecto y dijo: “El objetivo del convenio es trabajar junto a un Instituto que depende de las Naciones Unidas y que está orientado a la profesionalización y capacitación de nuestra fuerza policial como así también a las técnicas que se utilizan en el Servicio Penitenciario”.
“Desde el gobierno provincial y los que hoy suscriben este convenio, tenemos el convencimiento de que la seguridad no tiene que ver con la violencia, la mano dura o con decisiones aisladas. Quienes estamos aquí, en cambio, trabajamos con visión estratégica para mantener procesos sostenibles de seguridad”, sostuvo el ministro Bahl.
“Es en ese marco es que tomamos a las acciones relacionadas con el Servicio Penitenciario como parte integral de las políticas de Estado relacionadas con la seguridad impulsada desde nuestro Gobierno. Es por ello que cuando analizamos las situaciones de seguridad, no podemos evitar considerar el sistema penitenciario, ya que es el punto de cierre de un circuito”, explicó el titular de la cartera política.
Más adelante, Bahl explicó las gestiones que se vienen llevando adelante en materia carcelaria y dijo: “Venimos trabajando para revertir situaciones que tienen que ver con la adecuación del actual sistema, a las demandas de este tiempo. Demandas que tienen que ver con la profesionalización de los efectivos, la adecuación de la infraestructura y la reorganización necesaria para dar a los internos todas las herramientas que les permitan la efectiva reinserción en la sociedad.
En lo que se refiere a la profesionalización, “hemos dado un paso importante con la creación del Instituto de Formación Penitenciaria en Villaguay y nos dirigimos a complementar con formación de nivel universitario a los cuadros de oficiales, suboficiales y agentes para contar con cuadros de sólida formación humanista, legal y profesional”, informó el ministro de Gobierno.
En cuanto a la infraestructura carcelaria, también destacó que “debemos considerar que el crecimiento demográfico de nuestra provincia provocó que los penales quedaran enclavados en zonas densamente pobladas, lo que dificulta la gestión de las unidades, su ampliación y adecuación”.
Respecto a los objetivos de la gestión, Adán Bahl sostuvo: “Nuestras acciones de gobierno van de la mano a una política carcelaria basada en el respeto a los derechos de la población de internos y la garantía del cumplimiento de las penas en condiciones dignas. El objetivo es obtener como resultado la reinserción social de hombres y mujeres que cuenten con las herramientas necesarias para el futuro regreso a la sociedad”.
“De todo esto hablamos cuando hablamos de seguridad. No lo tomamos como un concepto aislado, sino como una construcción colectiva en la que, con esfuerzo, desde el Estado estamos haciendo nuestra parte”, culminó el ministro de Gobierno.
Saldo Positivo
En tanto que la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Leonor Pañeda expresó: “A través de este convenio se busca tener una relación de cooperación y colaboración. Fijar estándares internacionales en materia de ejecución de penas. Realizar actividades académicas en conjunto y poder tener parámetros entre las partes para poder realizar las mismas”.
Haciendo un balance de la situación en Entre Ríos, respecto a este tema, Pañeda resaltó: “La evaluación arroja un saldo positivo, todo ello visto por los representante del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente. Según sus propios dichos, Entre Ríos está en una situación privilegiada sobre todo si tenemos en cuenta la crisis profunda que hay en la región en materia de sistemas carcelarios”.
El convenio
El convenio rubricado este lunes tiene un duración inicial de dos años y podrá prorrogar automáticamente por iguales períodos, tiene por objeto establecer parámetros en el marco de las relaciones entre las partes, con el objeto de facilitar la cooperación interinstitucional entre ellas y fomentar actividades conjuntas dirigidas a la capacitación de los miembros integrantes de las instituciones, en relación a los estándares internacionales en materia de ejecución de penas.
Las actividades se concentrarán en: colaborar y participar en la realización de proyectos, propuestas e investigaciones de interés comuna; programar y ejecutar actividades académicas conjuntas; fortalecer el intercambio de información entre las instituciones; promover y difundir la realización de conferencias, seminarios, congresos cursos y publicaciones; facilitar el acceso a los servicios académicos que desarrolle cada una de las partes.