Nación girará a las provincias subsidio para transporte urbano de pasajeros con un 40 % de aumento
Por medio de la resolución 82, el Ministerio de Transportede la Nación encabezado por Alexis Guerrera, aprobó para los primeros tres meses del año, un desembolso total de $ 9.600 millones de subsidios destinados a las líneas urbanas del interior del país y dejó abierta la puerta para nuevos ajustes en las ayudas económicas previstas para las provincias y municipios a partir de abril.
Con el aumento en los subsidios para los colectivos que prestan servicios fuera de los límites de la región metropolitana del AMBA, la administración de Alberto Fernández apunta a un doble objetivo. Por un lado, calmar temporariamente a las gobernaciones e intendencias que vienen reclamando un distribución más equitativa y federal de las compensaciones tarifarias. Por otro lado, sumar apoyos y adhesiones del interior para “acorralar” al gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta en la pelea entablada por la transferencia de la fiscalización y la potestad tarifaria de las líneas que nacen y terminan sus recorridos dentro de la Capital Federal.
La norma firmada por Guerrera, lista para ser publicada este lunes en el Boletín Oficial, sostiene que la suba de subsidios para los colectivos del interior “obedece a la necesidad de maximizar el crédito presupuestario vigente en armonía con la evolución de los costos del sistema y el último acuerdo paritario que justifican para el primer trimestre del año un salto del 20% en relación con la distribución establecida durante el último trimestre de 2021”.
Tras precisar que las liquidaciones se calcularán en función de los parques móviles y cantidad de empleados que acredite cada línea, la resolución puntualiza que los fondos serán entregados a las provincias y municipios con el fin de que sean transferidos en menos de 48 horas a las concesionarias y operadoras de los servicios urbanos.
Los datos actuales muestran que, en promedio, del subsidio total por cada pasajero que reciben las líneas del interior, el 40% lo aporta de la Nación; el 37%, las provincias y el 23% restante las arcas municipales.
Como contrapartida por el incremento de los subsidios nacionales, la cartera de Transporte quiere que provincias y municipios sigan suministrando al Fondo Compensador -de donde salen los recursos para las líneas del interior- las sumas que han volcado a ese destino en 2021 para poder mantener la proporción de los aportes que realizan las distintas jurisdicciones.
Si cumplen con este punto (algo que muchos esquivan pese a los compromisos asumidos), tanto los gobiernos provinciales como los municipales también deberían actualizar las partidas que asignan para cubrir las asistencias económicas a las empresas de colectivos.
A juzgar por las posturas que vienen asumiendo las provincias, la pretensión nacional de que cada parte mantenga su nivel de participación en los subsidios tiene pocas chances de concretarse. Lejos de querer aportar más recursos para los colectivos, quienes gobiernan distritos del interior salieron a levantar la bandera de una “tarifa federal” para todas las provincias de $18 por viaje, similar a la que rige en el AMBA, que se debería sostener con subsidios provenientes de la Nación.
Hoy, en promedio, un boleto sin subsidios en las líneas del interior debería valer $178 pesos. En la práctica, el pasajero paga alrededor de $60 y los subsidios cubren la porción faltante de $118. Ese monto de subsidio se compone de $45 que pone la Nación; $44 que destina la provincia y $29 que salen del municipio donde se prestan los servicios.
Si los gobernadores logran imponerle a Transporte la tarifa federal de $18 a nivel país, el actual subsidio de $45 promedio que está aportando la Nación tendría que incrementarse en un 93% para ubicarse en un nuevo escalón de $87 por boleto. En términos anuales, eso significaría que a los $46.500 millones que la Nación prevé girar a las provincias a lo largo de 2022 le debería agregar otros $43.000 millones más, un gasto extra que iría a contramano de la reducción del déficit fiscal que el FMI le está exigiendo al ministro de Economía, Martín Guzmán.