Multitudinaria marcha de la Multisectorial por los Derechos Humanos en Paraná
La Multisectorial de Derechos Humanos de Paraná reeditó este miércoles la tradicional marcha de los 24 de marzo, en el 45° aniversario del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico militar. Al finalizar la masiva movilización, el documento leído en el palco de la plaza Alvear renovó el reclamo de “Memoria, Verdad y Justicia”, al tiempo que exigió mayor celeridad en los juicios por delitos de lesa humanidad y políticas provinciales en contra de la violencia institucional. Galería de fotos exclusivas.
Este año la marcha tuvo la particularidad de realizarse en un contexto de pandemia, por lo cual las organizaciones convocantes pidieron que en todo momento se mantuvieran las medidas de cuidado, como el uso del barbijo el distanciamiento entre participantes. También solicitaron que no asistieran las personas que tuvieran síntomas de Covid-19 o pertenezcan a grupos de riesgo.
El 24 de marzo del año pasado la marcha no se realizó, debido a que unos días antes entró en vigencia el aislamiento preventivo y obligatorio. Pero en esta oportunidad la Multisectorial de Derechos Humanos de Paraná consideró que era importante “ocupar la calle, de modo responsable”, como expresaron en el documento.
La concentración fue como es habitual en la Plaza Sáenz Peña, donde se encuentra el Monumento a la Memoria de la artista y militante por los derechos humanos Amanda Mayor. Desde allí partió la marcha encabezada por organismos y familiares de detenidos-desaparecidos durante la dictadura, que recorrió las calles Carbó, Belgrano, 25 de Mayo, Su Santidad Francisco, Corrientes y La Paz, hasta llegar a plaza Alvear. Allí el escenario se ubicó sobre calle Buenos Aires, en la vereda del Museo de Bellas Artes Pedro E. Martínez, en lugar de situarse junto al monolito que recuerda a las víctimas del terrorismo de Estado sobre calle Laprida. Esto se debió a la necesidad de contar con más espacio para evitar la concentración de personas.
La Multisectorial de Derechos Humanos de Paraná exigió que los juicios por delitos de lesa humanidad avancen “con mayor celeridad” y que exista “mayor apoyo” a la búsqueda, identificación y restitución de los cuerpos de los desaparecidos y a la restitución de la identidad de los niños apropiados.
Asimismo, exigieron al Gobierno provincial que “ponga en el centro de sus políticas a los derechos humanos, que garantice el funcionamiento de las áreas destinadas a la investigación en las causas por delitos de lesa humanidad, en el acompañamiento a las víctimas y testigos que le ponen el cuerpo cada vez que se sientan en los estrados judiciales”.
En ese sentido, afirmaron que “la responsabilidad empresarial durante la dictadura, los instigadores del genocidio, sus beneficiarios económicos, aún permanecen impunes. Y son los mismos que nos impiden, bajo otras formas, construir un país con justicia y equidad”.
El documento hizo referencia a las razones por las cuales se decidió realizar la marcha en Paraná, a diferencia de otras ciudades del país donde se hicieron caravanas o actos con poca concurrencia de gente. “Lo hacemos porque la calle es un territorio de disputa, de construcción política. En el año 2020 asistimos al particular fenómeno de sectores antipopulares que han salido a ocuparla, bajo gran cobertura de los medios de comunicación hegemónicos. Son aquellos sectores que pregonan el ‘sálvese quien pueda’; que pretenden sostener sus privilegios de clase aun a costa de miles de vidas y embanderados desvergonzadamente bajo los símbolos patrios”, acentuaron.
“Durante este tiempo la derecha avanzó en el espacio público con sus discursos y prácticas de odio, con el objetivo de atacar a un gobierno nacional y popular. Y para eso movilizó sus estructuras políticas, económicas, mediáticas y judiciales”, añadieron.
Del mismo modo, en cuanto a la decisión de hacer la marcha, consideraron: “Es una necesaria manifestación de que el movimiento de derechos humanos, los movimientos sindicales, universitarios y políticos del campo popular, apoyamos las decisiones que cuidan la vida, reclamamos la profundización de un modelo económico de lucha contra la pobreza y rechazamos que la crisis la paguen los más vulnerables. No disputar la calle con nuestras consignas es seguir relegando nuestro lugar histórico de lucha al programa de la derecha, que busca más exclusión y más muerte. Por eso marchamos”.
En el texto, la Multisectorial denunció el “lawfare” y manifestó apoyo a los proyectos de reforma del Poder Judicial, por considerarlos “no solo necesarios sino urgentes”. En el mismos sentido cuestionó el “espionaje ilegal a políticos, dirigentes y periodistas”.
También se incluyeron críticas a las desigualdades en la distribución internacional de las vacunas contra el Covid-19, así como a la actuación de las fuerzas de seguridad con “usos excesivos de la fuerza en las restricciones de circulación”, y un reclamo para la declaración de la emergencia educativa “para poder estudiar de forma segura, exigiendo las medidas necesarias para la vacunación a los y las docentes, salarios dignos y condiciones sanitarias de cada escuela”.
Por otra parte, hubo una dura crítica al accionar policial y la violencia institucional en Entre Ríos: “El Estado Entrerriano, en sus tres poderes, debe comprometerse con los principios democráticos de seguridad, debe sancionar y condenar la tortura y el asesinato por parte de los funcionarios de nuestras fuerzas de seguridad. No existe en el Ejecutivo Provincial ninguna política pública que tenga como función principal el trabajo contra la violencia institucional y en la prevención de estos delitos. En este sentido, lo ocurrido días atrás en Avenida Racedo demuestran que la represión no puede ser el modo de intervenir en los conflictos sociales. Por eso le exigimos a la Municipalidad de Paraná y al Poder Judicial que privilegien el diálogo para la resolución del conflicto y garanticen el derecho a la legítima protesta de la ciudadanía, respetando la integridad de quienes reclaman”, dice el documento.
Cabe consignar que se reclamó a la Legislatura que integre la Comisión Bicameral de Derechos Humanos, para conformar el Mecanismo Provincial para la Prevención de la Tortura. “La necesidad de su aplicación lo demuestran las condiciones inhumanas que deben padecer quienes son alojados en distintas unidades del sistema carcelario provincial, como así también en la Alcaidía contravencional de esta ciudad. En este aspecto también, la pandemia de coronavirus dejó expuesta la situación de violaciones a los Derechos Humanos que sufren las personas privadas de la libertad. Es urgente e imperioso que se sancione una Ley de Contravenciones que respete y garantice los derechos humanos”, enfatizaron.
