En medio de la creciente morosidad de los hogares, el Gobierno nacional ratificó que no intervendrá en la situación de las familias endeudadas y que se trata de un conflicto entre privados. En paralelo, al menos 12 provincias ya pusieron en marcha medidas para refinanciar deudas, reducir tasas, consolidar préstamos y limitar el impacto de las cuotas sobre los salarios.
Entre los distritos que avanzaron con estas iniciativas aparecen los peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires) y Ricardo Quintela (La Rioja), enfrentados políticamente con la Casa Rosada, pero también gobernadores dialoguistas como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Martín Llaryora (Córdoba), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén) y Hugo Passalacqua (Misiones).
De acuerdo con el último dato disponible del Banco Central (BCRA), el promedio de la morosidad de los hogares se ubicó en junio en el 12,8% a nivel nacional. En tanto, un trabajo de la consultora 1816 advirtió que el indicador siguió en alza en julio y alcanzó el 12,94%, profundizando el deterioro financiero de las familias.
Al desagregar el dato oficial, La Rioja aparece como la provincia con el mayor porcentaje de deudas impagas del país, con una tasa de mora del 23,9% sobre el total. En el otro extremo, La Pampa registra apenas un 9% de morosidad, lo que marca una brecha muy fuerte entre jurisdicciones.
En este marco de alta morosidad, el Banco Nación informó que desde enero refinanció deudas por $476.300 millones a casi 90.000 clientes. Del total, 64.249 operaciones correspondieron a personas en mora, por un monto de $322.600 millones concentrado en los segmentos más vulnerables.
Entre las alternativas disponibles, el BNA cuenta con una línea para consolidar deudas propias y de otras entidades financieras. El esquema permite unificar obligaciones por hasta $100 millones, a un plazo máximo de 120 meses y bajo modalidad UVA, con una TNA del 12% o 14% según la situación de la deuda.
Doce provincias salen al rescate de las familias endeudadas
Al menos 12 provincias lanzaron una batería de herramientas para contener y reducir la morosidad. Los planes incluyen refinanciación, topes sobre el ingreso, tasas subsidiadas y mayores plazos de pago para aliviar a los deudores.
La gestión de Axel Kicillof, a través del Banco Provincia, mejoró las condiciones de plazos y tasas del programa de refinanciación de deudas. La propuesta apunta a quienes tienen ingresos menores a cuatro salarios mínimos y a quienes cobran salarios, jubilaciones y pensiones en la entidad bonaerense.
En la Ciudad de Buenos Aires, la administración de Jorge Macri, mediante el Banco Ciudad, puso en marcha el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal. La iniciativa ofrece un plazo mínimo de devolución de 24 meses y una tasa fija del 35% de Tasa Nominal Anual, beneficio que comenzó a regir el 3 de agosto.
La gestión de Maximiliano Pullaro lanzó el Plan de Protección de los Ingresos junto con el Banco Santa Fe para empleados públicos, trabajadores formales, monotributistas y autónomos. El esquema permite tomar un nuevo crédito de hasta 60 meses para cancelar deudas con bancos, financieras y otras entidades, fijando que la cuota no supere el 25% del ingreso.
El Banco de Córdoba cuenta con un plan de consolidación de deudas hasta en 60 cuotas. En paralelo, el gobernador Martín Llaryora envió a la Legislatura provincial el proyecto “Alivio Cordobés”, que busca dar respiro a miles de familias mediante refinanciación con TNA del 35%, cuotas más accesibles y plazos de hasta 48 meses.
Corrientes permite refinanciar deudas de tarjetas de crédito desde $100.000 en seis o 12 cuotas fijas, con una reducción de 29 puntos porcentuales en la tasa a través del Banco Corrientes. También contempla una línea para empresas, con refinanciación de hasta el 80% del saldo en hasta 12 cuotas y una rebaja de 15 puntos en la tasa.
En Neuquén, Rolando Figueroa avanzó con un Régimen Especial de Refinanciación que fija una tasa de hasta 35% anual o UVA más 5% para quienes ingresen al programa. El plazo mínimo es de 24 meses y se excluyen expresamente los créditos hipotecarios y prendarios.
Misiones avanzó junto al Banco Macro con medidas para empleados públicos y municipales, jubilados y pensionados con dificultades para afrontar tarjetas y préstamos. El esquema refinancia obligaciones con tasas bonificadas y busca evitar un salto mayor en la morosidad provincial.
Con esa misma entidad, la administración de Gustavo Sáenz diseñó un plan para reestructurar las deudas de empleados públicos y municipales de Salta. El banco ofrece tasas especiales para dos grupos: quienes acumulan entre 30 y 89 días de mora y quienes registran más de 90 días de atraso, diferenciando el alivio según el nivel de incumplimiento.
Jujuy, también junto al Banco Macro, lanzó un esquema para trabajadores provinciales y municipales incluidos en el Plan Sueldo Público. El programa reduce hasta siete puntos porcentuales la tasa de referencia para moras inferiores a 30 días, y hasta seis puntos para atrasos de entre 31 y 90 días.
El gobierno de Claudio Vidal implementó con el Banco Santa Cruz un Plan de Alivio Financiero dirigido a empleados públicos. Se trata de una línea de asistencia crediticia con dos meses de gracia, tasa fija durante los primeros 12 meses y plazos de hasta 72 meses, buscando estabilizar el nivel de endeudamiento.
La Rioja avanzó con dos herramientas puntuales para morosos. Por un lado, dispuso una reducción acumulada de 20 puntos porcentuales en las tasas de préstamos personales, que quedaron en 52% para créditos a 12 meses y 56% para plazos de hasta 36 meses en el Banco Rioja, beneficio que alcanza a empleados públicos, jubilados y trabajadores que acreditan allí sus haberes.
La segunda herramienta riojana está destinada a clientes con préstamos personales que registren una mora superior a 90 días. Esos deudores podrán acceder a un esquema de reestructuración con una tasa más baja y plazos de hasta 48 meses, a cambio de regularizar su situación.
Por último, el Banco del Chubut habilitó una línea de refinanciación con un plazo máximo de 72 meses, que incluye un año de gracia para el pago de capital. La herramienta fijó una tasa de interés del 25% anual y estableció que la nueva cuota no supere el 40% del salario, para evitar un sobreendeudamiento mayor.
