Molino Cañuelas acuerda plan para reestructurar su deuda y otorga mandato de venta a sus acreedores

A diferencia de la profunda crisis financiera y el escándalo político que sufre Vicentín a partir de la abultada deuda que acusa y de los dudosos préstamos que habría recibido de parte de las anteriores autoridades del Banco Nación, en Molino Cañuelas están por cerrar un plan de reestructuración acordado con sus acreedores.

 

El grupo agropecuario controlado por la familia Navilli acumula un pasivo cercano a los u$s1.300 millones con alrededor de 45 bancos locales e internacionales y otras entidades financieras de menor envergadura.

 

Se trata del mayor procesador de productos básicos de la canasta de consumo de la industria molinera local, que cuenta con 11 establecimientos industriales en Argentina, Uruguay y Brasil y exporta a más de 60 países. Emplea a 3.000 trabajadores y produce el 25% del total del negocio de la molienda de trigo de la Argentina.

 

Entre sus principales marcas se encuentran Cañuelas, Multiharina, Letizia y Terminada. También produce bizcochos, galletitas o pastas, con marcas como 9 de Oro, Paseo o Mamá Cocina.

 

Las sucesivas devaluaciones de los últimos años y el contexto de recesión de la economía local hicieron saltar por los aires sus estrategias comerciales y financieras al punto que a mediados del 2018 admitió no poder cumplir con el pago de su deuda que, en ese momento había trepado a un monto que rondaba siete veces su Ebitda con lo cual adeudaba el equivalente al propio valor de la compañía.

 

En esos momentos, hasta uno de sus mayores acreedores, el Banco Macro, solicitó la quiebra de la empresa de los Navelli por una deuda acumulada de u$s10 millones. En tanto que los otros acreedores se mantuvieron expectantes con un pasivo distribuido entre los bancos Nación, con u$s55 millones; Galicia, con u$s38,5 millones; HSBC, con u$s 45 millones; Santander Río, con u$s36 millones; Banco Provincia de Buenos Aires, con u$s34 millones y BBVA Banco Francés, con u$s24,5 millones. La lista se completa con el Rabobank, la Corporación Financiera Internacional (CFI) e ING, con sede en Ámsterdam (Países Bajos).

 

A partir de esa situación, sus ejecutivos comenzaron un proceso de negociaciones con los acreedores buscando evitar el default y tratando de manterse operativos en el mercado.

 

Casi un año y medio después, en los próximos días es posible que se anuncie oficialmente un acuerdo de reestructuración que permitiría darle aire fresco a sus negocios y asegurar el cobro de parte del pasivo a sus acreedores.

 

Según pudieron saber los colegas de iProfesional, las conversaciones se encuentran avanzadas y, como parte del convenio definitivo, la familia Navilli debería reducir su participación accionaria en Molino Cañuelas al mínimo posible.

 

De acuerdo a lo que se comenta en el mercado, pasarían a controlar solamente el 20% de la compañía, mientras que los bancos acreedores se quedarán con el 80% restante y el control operativo. Y de manera adicional, recibirían un mandato de venta de Molino Cañuelas una vez que se estabilicen los ratios financieros y operativos.

 

Se trata de una fórmula similar a la que también se está aplicando en el proceso de reestructuración de Garbarino, donde los bancos acreedores negociaron una reorganización del pasivo, se quedaron con la mayoría accionaria y ahora negocian la venta de la cadena al grupo Inverlat.

 

En este caso, el acuerdo está más cercano al punto que los propietarios de ese fondo inversor iniciaron las conversaciones con los proveedores para normalizar un pasivo de $7.000 millones contraído con los principales fabricantes de electrodomésticos.

 

En el caso de Molino Cañuelas, existe además la posibilidad de que los bancos acreedores definan un nuevo management para que se haga cargo de las operaciones a partir de esta nueva etapa.

 

El acuerdo que estaría a punto de cerrar viene siendo negociado desde por lo menos marzo del año pasado, cuando sus dueños contrataron a la la consultora Lazard, para tejer un convenio con los bancos acreedores para extender el pago de la deuda a 10 años a una tasa del 6% anual, entre otros puntos.