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Miriam Lewin reconoció al militar que comandó el grupo de tareas que la secuestró y mantuvo en cautiverio durante dos meses

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La titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, reconoció al ex vicecomodoro de la Fuerza Aérea Argentina, Jorge Espina, como el hombre que comandó el grupo de tareas que la secuestró y mantuvo en cautiverio durante dos meses, al declarar en el juicio de lesa humanidad que se sigue por los delitos cometidos en el conocido como “Virrey Cevallos”.

Lewin solicitó además, a través de su abogado Pablo Llonto, que el ex militar sea acusado por “delitos sexuales”, en función de los abusos padecidos durante el tiempo que permaneció detenida de forma ilegal en ese centro clandestino.

“Fue muy impresionante ver a Espina a pesar de que lo vi por Zoom. Cuando declaré en el Juzgado de (Daniel) Rafecas no lo conocí porque me mostraron una foto de uniforme. Pero esta vez no tuve dudas. Lo recuerdo como alguien de unos 40 años, que llevaba siempre el pelo engominado e iba bien vestido. Era el jefe del grupo de tareas que me secuestró”, señaló Lewin en declaraciones a Télam.

La escritora y periodista prestó testimonio por medios electrónicos ante el Tribunal Oral Federal Número 2 de Capital Federal, en el debate de esta causa que tiene a Espina como acusado.

En este proceso oral y público se analizan los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas, reiterada en perjuicio de diez víctimas, que estuvieron cautivas en el Centro Clandestino que funcionó en Virrey Cevallos 632, en el barrio porteño de Monserrat bajo la órbita del aparato de inteligencia de la Fuerza Aérea.

Lewin afirmó que Espina se diferenciaba del resto de los integrantes del grupo de tareas, que eran “gente muy joven y que se vestían como estudiantes para infiltrarse” entre los militantes que estaban “combatiendo”, según le confiaron.

“Fue muy impresionante ver a Espina a pesar de que lo vi por Zoom. Cuando declaré en el Juzgado de (Daniel) Rafecas no lo conocí porque me mostraron una foto de uniforme. Pero esta vez no tuve dudas. Lo recuerdo como alguien de unos 40 años, que llevaba siempre el pelo engominado e iba bien vestido. Era el jefe del grupo de tareas que me secuestró”

La testigo fue secuestrada en mayo de 1977, en el cruce de la avenidas Crovara y General Paz, -cuando tenía 19 años- y trasladada a Virrey Cevallos, donde estuvo cautiva en condiciones de aislamiento.

Desde allí, los represores la entregaron a personal de la Armada, que la condujeron a la ESMA, donde permaneció como prisionera hasta 1979.

El Centro Clandestino de Detención “Virrey Cevallos” funcionó, al menos, entre el 22 de febrero de 1977 y el 26 de marzo de 1978, en el predio ubicado en la manzana de las calles Virrey Cevallos, México, Chile y Presidente Luis Sáenz Peña.

La autora del libro “Putas y Guerrilleras -un trabajo que coescribió con la periodista Olga Wornat y que describe los abusos que los represores cometieron contra las prisioneras en los centros de detención- recordó que en medio de las sesiones de tortura, sus captores le preguntaban “con cuántos hombres te acostaste y cuántos abortos te hiciste”.

“Considero que por la desnudez a la que me sometieron durante la tortura, la observación a la que me sometieron, y los cometarios que hicieron sobre mi vida sexual, fui víctima de abuso y violencia sexual. Y por eso pedí que se acuse a Espina por este delito”, apuntó.

El Centro Clandestino de Detención “Virrey Cevallos” funcionó, al menos, entre el 22 de febrero de 1977 y el 26 de marzo de 1978, en el predio ubicado en la manzana de las calles Virrey Cevallos, México, Chile y Presidente Luis Sáenz Peña.

En primer término operó bajo la órbita de la Jefatura II de Inteligencia, que dependía del Departamento Interior de la Fuerza Aérea Argentina.

En julio de 1977, el lugar pasó a depender del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea cuyo jefe era Espina, quien “era parte de los hilos conductores a través de los que descendían las órdenes ilegales”, según se consignó en la elevación a juicio de esta causa que formuló el fiscal federal Pablo Ouviña.

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