Ministerio de Trabajo: Jourdan criticó Ley de Creación
El diputado Eduardo Jourdan (Peronismo Federal) aseguró que “el proyecto de ley de creación del Ministerio de Trabajo, que el gobierno provincial intenta aprobar esta semana en el Senado, que tiene mayoría automática, no cuenta ni con los más mínimos niveles de consenso requeridos”.
A raíz de la decisión del gobierno de jerarquizar la Secretaría de Trabajo en Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el diputado provincial Eduardo Jourdan manifestó sus dudas en torno a los verdaderos motivos de dicha disposición y sobre qué actividades concretas y propias tendrá.
“La medida quiere ser la señal de que para nuestro gobierno el mundo del trabajo tiene la máxima importancia”, había manifestado el gobernador cuando se anunció la creación del Ministerio de Trabajo provincial.
En sus explicaciones, Urribarri expresó que “la idea es hacer al Estado más eficiente”, para lo cual “se hace necesario unificar criterios, acciones, capturando áreas, sin crear circuitos burocráticos innecesarios ni mayores costos, para que el trabajo sea mejor y rinda más”; que se trata conformar este ministerio sobre la base de la estructura actual de la Secretaría de Trabajo y adicionarle una serie de dependencias que están relacionadas conceptualmente, pero que se encuentran dispersas en el resto del gobierno”, que “ésta será una manera más eficiente de capturar y hacer rendir el cúmulo de programas de promoción del empleo que existen en el Estado nacional sin agregar burocracia y gastos adicionales; que sea un centro público de interacción entre las comunidades laborales y sindicales y el gobierno y como un disparador de programas de promoción de la competitividad a través de la capacitación y el empleo joven”.
Cabe destacar que el nuevo ministerio tendrá bajo su órbita a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos y al IOSPER, explicó el Legislador por medio de un comunicado.
Al mismo tiempo, Jourdan planteó “varios puntos que dejan inmensas dudas sobre esta iniciativa”, puntualizando:
– Primero no queda claro si es una iniciativa de Urribarri o del del gobierno nacional. Es decir, si se promueve por intereses porvinciales o por imposición de la Nación.
– Segundo: Uno de los considerando para esta “nueva creación”, es para hacer rendir el cúmulo de programas de promoción del empleo que existen en el Estado nacional. A esa actividad la realiza hoy el tambien novísimo Ministerio de Desarrollo Social, Empleo, Ciencia y Tecnología. Al menos tendrá que modificarse el nombre suprimiendole la palabra Empleo.
– Tercero: Dicen que será “un centro público de interacción entre las comunidades laborales y sindicales y el gobierno y como un disparador de programas de promoción de la competitividad a través de la capacitación y el empleo joven. Suena bastante extraño que no se incorpore a esa discusión a los empresarios y productores, plenamente reconocidos en la Constitución Provincial en la sección Régimen Económico, del Trabajo y Desarrollo Sustentable.
– Cuarto: Dice que se va “intervenir en lo atinente a las relaciones entre el capital y el trabajo, en la protección integral del trabajador, en el ejercicio de la policía del trabajo y en la promoción y perfeccionamiento de la legislación laboral”. Si nos fijamos en la pagina Web del Gobierno Nacional en lo que atañe al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que resulta competente para:
a) Inspeccionar aquellas actividades que por la ubicación territorial corresponden a espacios reservados a la esfera federal (puertos y aeropuertos), o bien que por el tipo de la actividad comportan tareas de índole interjurisdiccional, por ejemplo, el transporte interprovincial de cargas y pasajeros; transporte marítimo, fluvial y lacustre. b) Competencia en materia de recursos de la seguridad social. Esta es una competencia plenamente federal que comprende la comprobación y juzgamiento de determinadas infracciones a las normas de la seguridad social, establecidas en la Ley Nº 25.877, artículo 36.
En lo que refiere al contralor de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo de establecimientos ubicados en jurisdicción federal, resulta competente la Superintendencia de Riesgos del Trabajo –organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social-, creada por Ley Nº 24.557; que también controla el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.).
En el mismo sitio también puede leerse que el rol de la inspección del trabajo es una herramienta fundamental para el logro del trabajo digno en su significado más amplio. Para Organización Internacional Del Trabajo (OIT) el objetivo del “Trabajo Decente” se inscribe dentro de la inclusión social. Por ello, en septiembre de 2003 se viene implementando el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT), cuyo compromiso, en primer lugar, fue transformar en trabajo digno aquel que no lo era y para ello, se entendió que como Estado Nacional se debía recuperar a la inspección laboral como herramienta clave de este proceso. Por ello se ha incrementado el número de inspectores a 400 en todo el país a través de nuestras 38 delegaciones regionales, lugar desde donde se realizan tareas de inteligencia previa para luego realizar los operativos de control indicados. A ello hay que sumarle la intervención específica de la ANSES y de la Supertintencia De Riesgos Del Trabajo.
También se informa que, bajo su órbita, la Dirección de Inspección Federal (DIF) fiscaliza el cumplimiento de la legislación laboral en el ámbito de la jurisdicción nacional, coordinando y colaborando con los organismos y servicios provinciales con competencia en materia de inspección del trabajo.
Es decir que habría que analizar seriamente qué actividad propia puede realizar en este sentido el “nuevo ministerio provincial”, mas allá de solamente “colaborar” con el órgano nacional.
En cuanto a “promoción y perfeccionamiento de la legislación laboral”, me parece que sería muy productivo que encomiende a sus legisladores nacionales que se aboquen a ese tema, para lo cual tienen plenas atribuciones.
Quinto: No queda ninguna duda de que, definitivamente, en Argentina y especialmente de Entre Ríos hay que erradicar el trabajo en negro y promocionar el trabajo decente. Hace rato que se viene insistiendo en ese sentido, desde 2003 se implementa el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT). Pero más allá de la discusión sobre la política económica-social que lleva adelante el Gobierno Nacional y sus consecuencias sobre el mantenimiento de ese efecto sobre la dignidad de los trabajadores, cabe traer algunas opiniones sobre la metodología que se adopta para luchar contra la misma.
Un informe sobre la informalidad laboral e inspección del trabajo en Argentina, dice que: “Uno de los instrumentos que dispone el Estado para controlar la informalidad laboral es la Inspección del Trabajo. Sin embargo, dicha función ha sido ejecutada de manera deficiente. En el presente documento argumentamos que una de las principales razones que explican su mal funcionamiento responde a problemas de índole institucional. En la Argentina, las facultades y atribuciones de los organismos públicos se encuentran distribuidos de manera tal que no existen los incentivos adecuados para el control del empleo informal. Las provincias tienen la facultad de controlar el cumplimiento de la normativa laboral y de la seguridad, pero no tienen los incentivos necesarios para hacerlo eficazmente ya que los montos recaudados en concepto de aportes y contribuciones sobre la nómina salarial tienen como destino único al gobierno nacional”.
Agrega ese informe: “existe la posibilidad de que la actividad inspectiva genere una caída en el nivel de empleo provincial. Empresas y/o trabajadores que eran competitivos cuando operaban “en negro” podrían dejar de serlo si cumplieran sus obligaciones impositivas, resultando en una destrucción de empleo”.
A ello acoto que algunos sindicalistas convalidan el pago en negro ante la posibilidad que la gente se quede sin fuente de trabajo.
El tema de erradicar el trabajo en negro, generar puestos de trabajo decente (digno y estable diría como peronista) no es tan simple como levantarse un día y decir que “creo un Ministerio”.
Está reconocido que el tema de los recursos es una de las limitaciones de los organismos para controlar la informalidad laboral y el cumplimiento a las normas establecidas.
No creo que jerarquizando a funcionarios, que ya no cobrarán como sub secretarios y directores, sino como ministros y secretarios, sea incorporar más recursos a la tarea de fiscalizar.
No hay duda que el estado provincial va a gastar más, pero no generará más recursos por legalizar actividades laborales, ello redundará en mayor recaudación para el estado nacional –los montos recaudados en concepto de aportes y contribuciones sobre la nómina salarial tienen como destino único al gobierno nacional-.
Como decía Perón “Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar”. Espero que en nuestra provincia no tengamos que completar esa frase y decir: mejor que jerarquizar es trabajar.