Mineras, fundaciones, cooperativas… En la Exención de Ganancias hay más privilegiados favorecidos
El Gobierno estimó en el Presupuesto 2019 que las exenciones impositivas que favorecen a los jueces y a las mineras suman $14.000 millones, una cifra equivalente al recorte que tendrá la inversión en infraestructura energética. Así se desprende del proyecto enviado el lunes al Congreso, que prevé “gastos tributarios” por casi $430.000 millones, más de lo que se ahorrará el oficialismo por el ajuste en el resultado primario, calculado en $358.039 millones.
En esa partida, incluida en la ley de leyes de todos los años, se hace una proyección de los ingresos tributarios que el Ejecutivo cede por diversos regímenes impositivos o de promoción industrial, como alícuotas diferenciales de IVA para ciertos productos de necesidad básica, o cuestiones estratégicas como el desarrollo industrial de Tierra del Fuego.
Sin embargo, el punto más polémico sobre el que se viene debatiendo desde hace varios años es el beneficio de los funcionarios judiciales, que no pagan impuesto a las Ganancias a pesar de gozar de los salarios más altos del país. Por esta vía, en 2019 se escaparán de las arcas públicas $9.854 millones.
El otro aspecto controvertido es de la “promoción de la actividad minera” estipulado en la ley 24.196 de 1993. El Estado dejará de recaudar $3.904 millones en concepto de exenciones de derechos de importación ($2.179 millones), beneficios diversos en Ganancias ($933 millones) y estabilidad fiscal ($791 millones).
Si se suman estos dos conceptos, la cifra perdida escala a unos $14.000 millones, igualando el recorte en términos nominales que tendrá la partida de gastos de capital en energía, que pasará de $22.290 este año a $7.320 millones en 2019, un 67% menos, de acuerdo a las planillas que figuran en la ley de leyes.
Lo cierto es que en 2019 los gastos tributarios llegarán al 2,33% del PBI y el 8,9% de la recaudación de impuestos nacionales. Según el proyecto, “$312.899 millones corresponden a tratamientos especiales establecidos en las leyes de los respectivos impuestos y $116.646 millones a beneficios otorgados en los diversos regímenes de promoción económica”.
Del total, el IVA se llevará el 52% o $226.532 millones, compuesto en su mayor parte por exenciones a las prestaciones médicas a obras sociales ($49.000 millones) y servicios educativos ($11.500 millones), y alícuotas reducidas en construcción de viviendas ($34.000 millones) alimentos ($44.000 millones) y medicina prepaga ($25.000 millones).
En cuanto a Ganancias, desde este año rige el gravamen sobre intereses de títulos públicos y de depósitos a plazo fijo, por lo que ya no está incluido ese cálculo. Además de la exención a jueces, hay otros $19.020 millones que no se cobran a asociaciones civiles, mutuales, fundaciones y cooperativas.
También figuran $40.000 millones de reducción en contribuciones patronales por zona geográfica, y $29.000 millones correspondientes a diversos beneficios del impuesto a los combustibles, en su mayor parte lo que se bonifica a la Patagonia.
Respecto a la promoción industrial, más de la mitad se destina a Tierra del Fuego, y le siguen en importancia la ley pyme ($14.432 millones) y $11.282 millones de beneficios al biocombustible.