El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pidió investigar “supuestas maniobras de espionaje ilegal” por parte de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) contra dirigentes y organizaciones opositoras.
En paralelo, los cabecillas de las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky y Hugo Godoy, presentaron una denuncia penal contra el presidente de la Nación, Javier Milei, y contra el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, por presuntas tareas de espionaje sobre organizaciones sindicales, políticos y movimientos sociales.
“Concurro a promover formal denuncia a fin de que se investiguen los supuestos hechos ilícitos que he conocido recientemente y que encuadrarían en delitos de acción pública cometidos por personas cuya identidad deberá establecerse y cuya calificación legal se determinará luego de la pertinente investigación y reconstrucción de su verdadero alcance”, argumentó Kicillof en su presentación judicial, en la que cita al artículo de La Nación que escribió Hugo Alconada Mon.
La denuncia de los jefes de la CTA, en tanto, fue radicada ante la Justicia Federal, luego de la publicación de LA NACION en la que se revelan informes secretos elaborados por la SIDE que monitoreaban actividades políticas y sindicales completamente lícitas, como marchas de jubilados, actos culturales y protestas gremiales.
Los informes, que detallan fechas, horarios, recorridos y nombres de dirigentes involucrados, no hacen mención a riesgos para la seguridad nacional, y estarían orientados exclusivamente a mapear y anticipar acciones opositoras, en un accionar que viola la Ley de Inteligencia Nacional (Ley Nº 25.520) y los derechos constitucionales a la privacidad, la libertad de expresión y la participación política.
Ambas centrales obreras aparecen mencionadas en esos informes, al igual que otras expresiones del movimiento sindical y social. “No hay justificación legal ni judicial para estas prácticas que remiten a lo peor del pasado autoritario en nuestro país por lo que se exige que se investigue hasta las últimas consecuencias ya que es un hecho de una gravedad institucional enorme, que pone en riesgo las garantías democráticas. Espiar a opositores, sindicatos y movimientos sociales con fines políticos es absolutamente inaceptable en un Estado de derecho”, argumentaron Yasky y Godoy en un comunicado conjunto.
La presentación solicita que se investigue si los informes fueron realizados bajo orden judicial, y en su defecto, se determine la responsabilidad penal de los funcionarios involucrados, incluido el presidente, en su calidad de máxima autoridad política del sistema de inteligencia nacional.
Además, ambas centrales sindicales solicitan ser notificadas formalmente del avance de la causa para poder constituirse como querellantes, en representación de los trabajadores y trabajadoras que pudieron haber sido víctimas de estas maniobras ilegales.
Ya son tres las presentaciones judiciales que se realizaron desde la publicación de LA NACION. El lunes pasado fue el diputado nacional Facundo Manes (Democracia por Siempre) quien recurrió a los tribunales federales de Comodoro Py para pedir que se investigue la actuación de la SIDE.
Manes presentó su denuncia como un “hecho nuevo” dentro de una causa que tiene abierta contra Santiago Caputo por el delito de “amenazas coactivas”, por la forma en que el asesor presidencial lo increpó en el Congreso Nacional, en un pasillo, durante la apertura de las sesiones ordinarias. La SIDE es una de las áreas del Estado nacional que quedaron bajo la supervisión de Santiago Caputo.
