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Milei quitó de manera completa las facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)

El Gobierno nacional dio hoy un paso decisivo en la desregulación casi plena del mercado yerbatero al quitarle de manera completa las facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), entre ellas las potestades de intevenir y fijar precios en el sector.

Lo hizo a través de decretro 812/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial y que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La nueva normativa reescribe gran parte del decreto 1240/02 que reglamenta las funciones y atribuciones del organismo y lo deja sin la capacidad de fijar precios de referencia por la materia prima que se le pagaba a los productores de manera definitiva, entre otros puntos.

“El INYM no podrá dictar normas o establecer intervenciones que provoquen distorsiones en los precios de mercado, generen barreras de entrada, impidan la libre iniciativa privada y/o interfieran en la libre interacción de la oferta y la demanda en la producción y comercialización de la yerba mate y derivados”, indica el decreto.

Asimismo, se intruyó al organismo nacional para que “en el plazo máximo de 30 días desde la entrada en vigencia de la presente medida, releve y adecue toda normativa dictada por el citado Instituto Nacional que contradiga lo establecido en el artículo 8° del Decreto N° 1240 del 12 de julio de 2002″.

En esta línea, el presente decreto también derogó los artículos 9°, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del Decreto N° 1240 del 12 de julio de 2002.

Según explicaron desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la medida está alineada con los cambios introducidos por el Decreto N° 70/2023 y el artículo 42 de la Constitución Nacional, en torno a “la derogación de normas que resultan contrarias a la defensa de la competencia y la desregulación promovida por el Gobierno Nacional”.

“De esta manera, las modificaciones tienen tres ejes: la derogación de las facultades de intervención sobre la actividad económica del sector, la prohibición de distorsionar los valores del mercado; y la adecuación a la normativa”, en pos de que el INYM “focalice sus actividades en las verificaciones de calidad, al tiempo de impedir su intromisión en un mercado competitivo”.

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