En un nuevo guiño a la cultura y la política de Estados Unidos, el presidente Javier Milei reveló que en Casa Rosada trabajan “en el armado del shutdown del Poder Ejecutivo”, es decir, un mecanismo de cierre de áreas del Gobierno ante problemas presupuestarios. “Cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado”, precisó el jefe de Estado.
En la práctica, el esquema que impulsa el oficialismo apunta a interrumpir el funcionamiento de organismos o programas cuando consuman la totalidad de los recursos asignados, sin posibilidad de seguir generando nuevos compromisos de gasto.
Qué es el “shutdown” y cómo funciona en Estados Unidos
El modelo que Milei toma como referencia surge por imitación de lo que sucede en Estados Unidos cuando el Congreso no logra ponerse de acuerdo sobre las partidas presupuestarias del próximo año fiscal. En ese país, el cierre de gobierno se activa cuando el Capitolio no aprueba las leyes de gasto necesarias antes del inicio del año fiscal.
En 2019, durante la gestión de Donald Trump, se produjo un cierre administrativo de 43 días que afectó a los llamados servicios no esenciales. En ese episodio, aproximadamente 900.000 empleados federales fueron enviados a sus casas sin goce de sueldo y otros 700.000 permanecieron en funciones críticas, pero sin cobrar sus salarios de inmediato.
En cada shutdown, la mayor parte de las agencias federales quedan sin fondos para operar hasta que se alcanza un nuevo acuerdo político y se aprueban las partidas que reactivan la administración.
Cómo se piensa aplicar el “shutdown” en Argentina
Aunque el mecanismo argentino todavía no fue reglamentado, Milei adelantó el criterio general: si un organismo consume todos los recursos disponibles, ya no podrá seguir gastando. La iniciativa se analiza en paralelo con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los proyectos con los que el Ejecutivo pretende prohibir de forma definitiva el financiamiento monetario del Tesoro.
A diferencia del esquema estadounidense, donde el disparador es la falta de aprobación del presupuesto, la versión local tendría como gatillo el agotamiento efectivo de las partidas. Es decir, una vez consumidos los fondos asignados, el organismo no podría asumir nuevos compromisos de gasto.
Lo cierto es que el shutdown nunca alcanza la totalidad de las áreas del Estado. Uno de los puntos clave que deberá definir Casa Rosada será qué erogaciones quedarían alcanzadas por la medida y cuáles estarían exceptuadas. Entre los rubros en discusión aparecen obras públicas, contrataciones administrativas, campañas oficiales, programas sociales, salarios y transferencias a las provincias.
También resta establecer el alcance concreto del mecanismo: si el límite se aplicará por ministerio, por jurisdicción, por programa o por partida presupuestaria específica.
Tensión con gobernadores y posible conflicto judicial
La relación con los gobernadores asoma como otro foco de conflicto. Buena parte de los giros a las provincias dependen del presupuesto nacional y podrían verse afectados si una partida se agota. Ese escenario podría abrir una nueva instancia de negociación entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales, especialmente si el Ejecutivo decide aplicar el mecanismo sin instrumentos de compensación.
A su vez, un eventual “shutdown argentino” podría derivar en una disputa judicial. Si el Estado interrumpe programas, pagos o prestaciones por falta de crédito presupuestario, podrían multiplicarse las presentaciones ante los tribunales. Por ese motivo, el Gobierno deberá diseñar un marco legal lo suficientemente sólido como para evitar que la medida quede frenada apenas entre en vigencia.
Otro punto sensible aún sin resolver es definir quién tendrá la facultad de activar el cierre. Entre las alternativas que se analizan figuran:
– Que el control quede a cargo del área presupuestaria del Poder Ejecutivo, con participación de organismos de control.
– Que la restricción quede incorporada directamente a los sistemas de administración financiera, impidiendo automáticamente comprometer nuevos gastos cuando ya no exista crédito disponible.
Qué sectores podrían verse afectados por el cierre
El modelo norteamericano marca que las primeras actividades que se suspenden en un cierre administrativo son las consideradas no esenciales.
En Argentina, esa categoría podría incluir nuevas contrataciones, programas sin ejecución crítica, gastos administrativos, campañas oficiales, eventos, viajes, compras no urgentes y otras partidas discrecionales. El alcance concreto de esas restricciones recién se conocerá cuando el Ejecutivo presente el proyecto formal.
Sin embargo, el principal desafío será definir qué ocurre con los gastos permanentes. Salarios del sector público, jubilaciones, seguridad, salud, Justicia, servicios esenciales y atención de emergencias difícilmente puedan interrumpirse sin generar consecuencias legales, sociales o políticas.
El espejo de Estados Unidos: qué se detiene y qué sigue funcionando
Muchas de las dudas sobre el horizonte que plantea la gestión Milei se despejarán una vez que el proyecto llegue al Congreso. Por lo pronto, lo que ocurre en Estados Unidos funciona como espejo de cómo podría aplicarse la medida en Argentina, aunque con diferencias sensibles.
En el esquema original, el cierre administrativo se activa cuando el Congreso no aprueba las leyes de gasto necesarias para financiar a las agencias federales. En ese escenario, las operaciones del gobierno quedan suspendidas hasta que se alcanza un nuevo acuerdo y se restablecen los fondos.
Uno de los sectores más golpeados suele ser el de los empleados públicos. En experiencias anteriores, una parte del personal fue enviada a sus casas bajo el esquema conocido como “furlough”, una licencia temporal sin goce de sueldo. Al mismo tiempo, los trabajadores considerados esenciales debieron continuar con sus tareas sin cobrar sus salarios hasta la reapertura.
En el episodio más reciente, registrado en 2019, más de 750.000 empleados federales quedaron alcanzados por esa situación. Por su parte, quienes cumplen funciones críticas para la seguridad y el funcionamiento del Estado –como controladores aéreos, agentes de seguridad fronteriza y personal militar– continuaron prestando servicio, con el pago de sus haberes diferido.
Entre los servicios suspendidos en el último cierre de gobierno en Estados Unidos se contaron:
– Cierre de parques nacionales y museos.
– Inspecciones de alimentos.
– Audiencias de inmigración.
– Préstamos federales para pequeñas empresas y compradores de vivienda.
En cambio, permanecieron operativos el correo postal (USPS), el control del tráfico aéreo, los controles de seguridad en aeropuertos (TSA), las Fuerzas Armadas, el FBI, la DEA, la Guardia Costera y las agencias de inmigración y aduanas. Además, programas como Seguridad Social, Medicare y Medicaid siguieron pagando prestaciones, aunque con demoras en trámites no urgentes. También continuaron funcionando los programas de asistencia alimentaria, sujetos a la disponibilidad de fondos.
