El Gobierno de Javier Milei profundizó su postura de ajuste fiscal y motosierra al vetar por completo la Ley de Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan, una decisión que se suma al rechazo total de la Ley de Financiamiento Universitario.
Ambas medidas se argumentan en la necesidad de preservar el “equilibrio fiscal” y evitar lo que la administración libertaria considera un “aumento desmedido e irresponsable del gasto público”.
La Casa Rosada, sin embargo, estiró la definición sobre la Ley de Redistribución Automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una normativa clave para los gobernadores, cuya suerte se conocerá a última hora de este viernes.
La ley por la declaración de emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales fue aprobada por el Senado hace dos semanas con 62 votos positivos y apenas ocho negativos.
La iniciativa se basó en la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, donde se declara el derecho a la salud integral garantizado por el Estado Nacional en condiciones de igualdad, continuidad, gratuidad y accesibilidad.
El texto aprobado prevé más fondos, una recomposición salarial y la derogación de la resolución 2109/2025, por la cual el Ministerio de Salud modificó el sistema de residencias médicas.
El Decreto que veta la Ley de Emergencia Pediátrica en el Garrahan lleva la firma del presidente y de todo el Gabinete nacional. Sus fundamentos ya son conocidos en el discurso libertario, el supuesto ataque al equilibrio fiscal y la falta de financiamiento.
Según el Gobierno, la norma tendrá un “impacto fiscal directo” de $115.030.000.000 por la recomposición salarial prevista. También aduce que este gasto debería financiarse con “reasignaciones dentro del presupuesto del Ministerio de Salud y con reservas destinadas a contingencias sanitarias”.
