Maximiliano Ferraro denunció un desmantelamiento de la Oficina de Presupuesto del Congreso

En medio de la discusión por el próximo Presupuesto 2027, crece la tensión por la Oficina de Presupuesto del Congreso y una presunta pérdida de autonomía técnica del organismo, clave para brindar información independiente al Poder Legislativo.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro cuestionó este sábado la situación que atraviesa la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y denunció que el organismo se encuentra en un proceso de “desmantelamiento”, a pocos días de que el Poder Ejecutivo remita al Parlamento el proyecto de Presupuesto 2027.

A través de un extenso mensaje publicado en la red social X, el legislador sostuvo que “lo que ocurre con la Oficina de Presupuesto del Congreso es grave” y advirtió sobre una presunta pérdida de autonomía técnica de una institución creada para brindar información independiente y objetiva al Poder Legislativo.

Las declaraciones de Ferraro se producen luego de que trascendiera la renuncia del director general de la OPC, Gabriel Esterelles, en medio de una serie de cambios administrativos y una auditoría impulsada por la Comisión Bicameral de Supervisión, junto a nuevas restricciones sobre la elaboración y difusión de informes técnicos del organismo.

Según el diputado, primero se avanzó sobre una “intervención de hecho” de la oficina, seguida por la desarticulación de equipos de trabajo, el desplazamiento de profesionales con experiencia, la designación de una directora interina y la prohibición de elaborar y difundir informes, a lo que sumó una situación de “ahogo financiero” que, a su juicio, afecta el funcionamiento normal de la institución.

En ese marco, Ferraro apuntó con dureza al Gobierno: “Tomaron por asalto la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación. Como forajidos, avanzaron sobre una institución creada para fortalecer la capacidad de control y análisis del Poder Legislativo”, afirmó el diputado, al comentar la información que ya circulaba en distintos portales.

Antecedentes de la disputa por el control de la OPC

La polémica en torno a la OPC no es nueva. Ya en junio pasado, durante un plenario de comisiones convocado para debatir el denominado “Súper RIGI”, el presidente del bloque de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, había denunciado una “avanzada contra la OPC” a partir de resoluciones adoptadas por la Bicameral de Supervisión Parlamentaria.

En aquella oportunidad, Martínez sostuvo que las medidas aprobadas “afectan gravemente la operación de la Oficina de Presupuesto del Congreso” y advirtió que se encontraban “al límite casi de una intervención”, al mencionar controles sobre actividades no planificadas, la obligación de contar con el aval de la bicameral para determinadas tareas, la suspensión de evaluaciones en áreas técnicas y limitaciones a facultades del director general del organismo.

El legislador santafesino vinculó entonces esas decisiones con el trabajo que la OPC desarrollaba sobre distintos proyectos en discusión y expresó su preocupación por un eventual intento de “descabezar, intervenir y desarmar” la institución, en un escenario de fuerte disputa política por las herramientas de control parlamentario.

El oficialismo niega una intervención y defiende las auditorías

Desde el oficialismo rechazaron esas acusaciones. El diputado libertario Bertie Benegas Lynch, vicepresidente de la comisión bicameral, defendió las auditorías realizadas sobre la oficina y aseguró que se trataba de un procedimiento “saludable y sano”, al remarcar que se trata de tareas de revisión habituales sobre el funcionamiento de los organismos técnicos.

Según sostuvo Benegas Lynch, las tareas de revisión fueron aceptadas por las autoridades de la OPC, por lo que descartó que se tratara de un avance discrecional sobre la estructura del organismo o de un intento de condicionamiento político directo.

En el mismo sentido se expresó la diputada del Pro Daiana Fernández Molero, integrante de la bicameral, quien negó que existiera una intervención de facto sobre el organismo. “La Oficina de Presupuesto del Congreso no está intervenida de facto, porque de hecho los informes siguen saliendo”, sostuvo entonces, al tiempo que reivindicó la importancia institucional de la OPC y el rol que tuvo el Pro en su creación.

Ferraro compara la situación con la intervención del Indec

Ahora, tras conocerse la salida de Gabriel Esterelles, Ferraro volvió a poner el foco sobre la situación del organismo y trazó un paralelo con la intervención del Indec durante los gobiernos kirchneristas, al advertir que “cuando se debilitan los organismos técnicos, se desplaza a sus profesionales y se condiciona la producción de información independiente, se termina afectando la calidad institucional y el acceso a información confiable”, según subrayó.

El diputado remarcó que la Oficina de Presupuesto del Congreso cumple una función central para diputados y senadores al aportar análisis sobre el impacto fiscal, económico y presupuestario de los proyectos de ley y del Presupuesto Nacional, y consideró que el debilitamiento de su autonomía “justo cuando se acerca la presentación del Presupuesto 2027 pone en riesgo mecanismos esenciales de transparencia y calidad de la información”.

Creada por la Ley 27.243, la Oficina de Presupuesto del Congreso fue concebida como un organismo técnico de apoyo al Poder Legislativo, encargado de producir estudios sobre cuentas públicas, impacto fiscal de proyectos legislativos y seguimiento de la ejecución presupuestaria, con un diseño pensado para garantizar independencia y profesionalismo.

Para Ferraro, los recientes acontecimientos constituyen “una nueva embestida contra el control parlamentario efectivo”. Y concluyó con una crítica al Gobierno nacional: “¿De qué libertad y eficiencia hablan si se silencian o subordinan las voces técnicas que deben contribuir al debate público con evidencia y profesionalismo?”, advirtió.