Más denuncias contra Julio De Vido, Aníbal y Alberto Fernández, Alicia Kirchner
El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, denunció ante la Justicia Federal a ex funcionarios de la gestión de Néstor Kirchner a raíz de un acuerdo extrajudicial que permitió licuar una deuda de casi 250 millones de pesos de la empresa Alcalis de la Patagonia, de Cristóbal López.
Entre los denunciados se cuentan el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido; la ex ministra de Desarrollo Social y actual gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner; al ex ministro del Interior y ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández; y el ex ministro de Justicia y actual integrante de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti.
También, la presentación apunta contra el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández; el ex ministro de Economía Roberto Lavagna; y el ex titular de la cartera de Defensa José Pampuro; el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada; el ex canciller Rafael Bielsa; y el ex ministro de Educación, Daniel Filmus. A todos ellos, el fiscal Sergio Rodríguez los acusó por presunta “administración infiel en perjuicio de la administración pública por abuso defraudatorio”.
El fiscal entiende que habrían simulado la reunión de una serie de condiciones requeridas por la Constitución Nacional para el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que beneficiaba a la firma Alcalis de la Patagonia, actualmente integrante del Grupo Indalo, dedicada a la producción de carbonato de sodio en la provincia de Río Negro. Por medio de ese instrumento, el entonces gobierno encabezado por Néstor Kirchner habría propiciado una “reformulación ilegal de un régimen de promoción industrial, que beneficiaba a la empresa Alcalis de la Patagonia S.A. y la realización de un acuerdo preventivo extrajudicial, por el cual se habría licuado una deuda de casi $ 250 millones de aquel momento que la firma tendría con el Estado Nacional”.
En este sentido, el titular de la PIA pidió a la Justicia que se investigue “si los ex funcionarios habrían participado de una maniobra que por un lado habría beneficiado a la empresa Alcalis de la Patagonia con exenciones y diferimientos impositivos y, por el otro, habría permitido sustituir una deuda a favor del Estado Nacional de aproximadamente 250 millones de pesos por un paquete accionario de ínfimo valor a través de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial irregular, representando un perjuicio para la administración pública”.
Los hechos que ahora deberá investigar la Justicia Federal se habrían iniciado a mediados de 2005, cuando Kirchner, junto a su gabinete de ministros, reformuló, mediante un DNU, el régimen de promoción industrial otorgado inicialmente en 1976 y modificado en 1981 a la empresa Alcalis de la Patagonia S.A. En tanto, a mediados del 2006, la empresa quedó bajo el control de otra denominada South Mineral S.A, cuyos presidente y vicepresidente eran Fabián de Souza y Raúl Esteban Zamora, quienes también fueron denunciados por el titular de la PIA.
Según la denuncia del fiscal, la maniobra tendiente a favorecer a Alcalis de la Patagonia se habría perfeccionado con la “deliberada inacción de los funcionarios públicos de los entonces Ministerios de Economía y Producción (fundamentalmente el área legal de Industria y la dirección general de asuntos jurídicos), que dejaron vencer los plazos para defender los intereses del Estado Nacional en dicho acuerdo preventivo extrajudicial, con el consecuente perjuicio patrimonial al erario público”.
Por ese motivo, la denuncia comprendió no sólo a los ex funcionarios y a los empresarios, sino también al juez Gustavo Toquiera, cargo del del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución número 1 de Comodoro Rivadavia, Chubut, actuante en aquel acuerdo.