Mariano Gallegos y Marina Alegre designados por Rogelio Frigerio como interventores del IOSPER

El gobernador de la Provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio decretó la intervención del IOSPER y designó a Mariano Gallegos como interventor y a Marina Alegre como subinterventora. La medida quedó plasmada en el decreto 3675 fechado este 10 de diciembre. El mandatario provincial dictaminó ello tras el contundente informe expuesto por la Comisión Fiscalizadora Permanente ante el Poder Ejecutivo, detectándose “graves irregularidades”.

Tal cual lo adelantáramos ayer en lo inherente al procedimiento básico, se plasmará una auditoría en los aspectos financieros, administrativos, contables, presupuestarios y legales que deberá hacerse en 30 días hábiles “facultándose la intervención para que puedan contratar con Universidades Públicas la realización de las mismas”.

El artículo sexto del decreto dispone “la realización de los arqueos e inventarios que fueran necesarios, de conformidad con lo establecido por el artículo 75° de la Ley Provincial N° 5.140. debiendo labrarse las actas pertinentes”.

En el 7 ordena “que la Intervención deberá elevar al Poder Ejecutivo, un informe mensual de su gestión, tendiente a la normalización de la Obra Social, con el detalle de la situación institucional de la entidad y su evolución administrativa y prestacional”.

A paso seguido, se autoriza “a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la gobernación y las áreas competentes, a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias, practicar las liquidaciones y abonar las sumas correspondientes conforme lo dispuesto en los artículos 2º y 3º del presente acto”.

El texto del decreto fundamenta la intervención, desprendiéndose la existencia de “graves irregularidades en su funcionamiento”, detectándose “contrataciones realizadas a pesar de la oposición fundada por la Comisión precitada.

Igualmente, el decreto pormenoriza que se advirtieron “un sinnúmero de erogaciones, que no han sido puestas en conocimiento de la Comisión y que, consecuentemente, no han sido debidamente dictaminadas”, no habiéndose remitido el universo de contrataciones efectuadas “mediante solicitud de cotización, compra directa y contratación de personal, realizados a través de contratos de obras y de servicio”, se añade en el documento formal.

Por otra parte, en los considerandos se da a conocer que “respecto de los convenios prestacionales, solamente se ponen en conocimiento de la Comisión, los convenios marco, pero no las modificaciones elaboradas en actas suscriptas por las autoridades; lo cual implica un claro incumplimiento a lo dispuesto por ley, en la cual se prevé la intervención de la Comisión Fiscalizadora de forma previa a la suscripción de todos los convenios y contrataciones realizadas por la obra social”.

Además, se pone de relieve,“la reticencia de las autoridades del Instituto, de brindar información que le es requerida, cuando no, la lisa y llana obstaculización del acceso a la misma”, y remarcan que se han “emitido una serie de circulares, a través de las cuales, se le ordena al personal, restringir el acceso a la información, a cualquier persona ajena a la institución, entre las cuales se comprende a la Comisión Fiscalizadora”.

La intervención del Iosper, es fundamentada por “el entorpecimiento del control que ejerce la Comisión, como consecuencia del envío, fuera de término, de manera sistemática del informe financiero mensual y de los estados económicos de lo Obra Social; que deben ser remitidos cada tres meses”, advierte el decreto, ejemplificándsose que “el 15 de octubre del corriente, se recibió el informe financiero correspondiente al 31 de agosto de 2024, mientras que en lo que respecta al envío de los estados económicos, las autoridades tampoco han cumplimentado con dicho plazo, habiéndose remitido el 19 de agosto los estados al 30 de junio de 2024”.

En cuanto al último informe financiero, revela que: “La Obra Social posee un déficit que asciende a la suma de diecinueve mil ciento ocho millones ciento sesenta y ocho mil novecientos cincuenta y nueve pesos ($19.108.168.959,00). Dicho valor, representaría aproximadamente, un 141% del ingreso promedio mensual, indicando la Comisión, que de continuar por esta vía, se estima que dicho montó irá in crescendo, pudiendo ubicarse, en aproximadamente, dos mil millones mensuales ($2.000.000.000)”.

Así también, mientras que “las autoridades del Iosper, públicamente indican no tener prestaciones devengadas y no abonadas, se reciben diarios reclamos por retrasos en la entrega de prótesis de más de tres meses”.

A su vez, se constató que: “Las prestaciones por discapacidad, registran más de cuatro meses de demora para su reintegro, a los que ahora se suman los retrasos de los reintegros por pago de anestesistas. Explican, además, que son diarias las manifestaciones de los afiliados en la vereda del Instituto, haciéndose énfasis sobre el hecho de que hace poco más de dos meses se han cerrado el ingreso de los afiliados a la Casa Central del Instituto”.

Y precisamente, se cuestiona que: “El monto de gastos pagados por procesos judiciales ha crecido significativamente durante el transcurso del corriente año y acumula un monto de $867.706.190, para el mes de septiembre, sin tener en cuenta en esa estimación, las causas que aún se mantienen pendientes de resolución. Señalan al respecto desde la Comisión en su informe, que este incremento, se debe fundamentalmente, a la demora significativa que se produce en el cumplimiento de las prestaciones requeridas por los afiliados”.

En ese sentido, se puntualiza que: “Un total de nueve actuaciones donde se investigan distintas irregularidades detectadas en el ámbito del Instituto, dentro de las cuales se destaca el Expte. N° 454- 2018 AUDITORIA IOSPER 2016 ANALISIS PAGO MEDITAR, donde se investigan las presuntas responsabilidades del Presidente, miembros del Directorio y demás funcionarios del IOSPER, atento a los pagos efectuados a empresas que habrían generado un presunto perjuicio fiscal de $ 31.128.776.72, con más los intereses desde que cada pago se efectivizó en los años 2016. 2017 y 2018, y hasta la fecha del efectivo resarcimiento del perjuicio al Estado”.

El Decreto gubernamental reafirma que: “La información relevada, evidencia un incumplimiento sistemático de las autoridades del IOSPER de distintas disposiciones contenidas en la ley de creación del Instituto (Decreto-Ley N° 5326/73, ratificado por Ley Provincial N° 5480 y modificatorias), el incumplimiento de los deberes renditivos ante el TCER, eventuales perjuicios fiscales, como así también, distintas irregularidades graves en el orden administrativo, técnico y contable”.

Y se argumenta de modo categórico que: “Ante el estado de situación descripto, resulta imprescindible disponer la intervención del IOSPER a los efectos de abordar de manera urgente la grave situación por la que atraviesa el Instituto, para normalizar su funcionamiento y garantizar la adecuada atención de la salud de los afiliados de la obra social provincial”.