María Amelia Castillo: “no me van a callar”

ESPECIAL.- La intendente de Paraná, Blanca Osuna, dejó sin efecto el Decreto Nº 1888/10 y por consiguiente las funciones otorgadas a la agente María Amelia Castillo Legajo Nº 4258, como directora de Relaciones Institucionales de la Unidad Municipal Nº 1.

 

“Tengo 26 años de servicio en el municipio, soy una persona de bien. Todo el mundo me conoce. Como directora estaba peleando por el contrato de los trabajadores y defendiendo sus derechos. Esto a mí me mata porque me meten la mano en el bolsillo. Pero no me van a callar. Voy a llevar esto a la Justicia porque sé que tengo la verdad de mi lado. Esta intendente no ha hecho nada por la ciudad y es la peor gestión municipal que hemos tenido” exclamó ante el móvil de Radio La Voz la estimada colega.

 

Reflexión

 

Más allá de nuestra posición severamente crítica acerca de su gestión como jefa comunal, créase o no, sentimos un profundo respeto y un añejo respeto por Blanca Inés Osuna en lo personal. Y el sentimiento se mantiene perenne pese a profundas desilusiones por peticiones particulares -desoídas o desatendidas por la en ese momento legisladora nacional- que en su momento requerimos en pos de solucionar un conflicto tan delicado como lo fue nuestra pérdida de trabajo en LT 14 por un despido tan injusto como execrable.

 

Por ello, nos sentimos plenamente imparciales para reflexionar acerca de esta coyuntura que afecta justamente a una colega con la cual compartimos gratos momentos en esa querida emisora, como valoramos el aprendizaje que cosechamos junto a su compañero, el mítico periodista Luis Alberto Izaguirre.

 

Y emitimos nuestro parecer, uniéndonos al dolor, al pesar, a la perplejidad que seguro soporta hoy María Amelia.

No vamos a esgrimir una defensa acérrima de su cometido en la esfera laboral pues no podemos atestiguar de su actitud y/o rol profesional en cuanto a si en su postura reivindicatoria de los derechos laborales de personal municipal pudo o no haber procedido de modo inconveniente, vulnerando deberes, obligaciones o simple conducta de insoslayable respeto hacia la investidura de las autoridades que motivaran esta determinación.

 

Sin embargo, sí nos adherimos a su estupor, a su consternación, más aun contemplando que a fines del 2009, por entonces la senadora nacional Blanca Osuna manifestaba su satisfacción por la sanción de cuatro leyes concomitantes a Derechos Humanos, de modo especial vale la pena recordar aquella ley que suprime la figura como delito penal de las calumnias e injurias, aprobada por el Senado.

 

“Esto representa un avance importante en materia de libertad de expresión, -indicaba por ese entonces Osuna- puesto que va en la línea de ampliar el derecho a expresarse, a decir lo que se piensa y se siente”. Y destacó que “con esta ley aprobada por unanimidad, se cumple el compromiso asumido por el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se da respuesta a un viejo reclamo de las organizaciones periodísticas”.

 

Libre Expresión… Vaya tema candente por estos días en los cuales cualquier clase de crítica se toma como ofensa relativa a la doctrina de la real malicia, teoría que, en derecho, se utiliza para los casos de calumnias o injurias publicadas por cualquier medio de difusión masiva, vertidas respecto de funcionarios públicos, personalidades públicas o cualquier persona involucrada en alguna cuestión de interés público.

 

Sinceramente, no sabemos, no conocemos los fundamentos del porqué se despoja a María Amelia Castillo de su derecho a trabajar con dignidad. No hemos hablado con ella pero tampoco la intendente de Paraná emitió un comunicado oficial, con el imprescindible argumento por el cual se adoptó tan drástica y rigurosa medida con una trabajadora de casi tres décadas de antigüedad.

 

Sería bueno saber si hubo causa alguna, si hubo motivo razonado, analizado, para cristalizar esa decisión. Por ende, nos unimos a la bronca y a la tristeza de María Amelia. Sabemos lo que es quedarnos sin trabajo por una providencia despótica, arbitraria, indebida como la que sufrimos en LT 14 y que nos obliga a enjuiciar al Estado.

 

Si la intendente de Paraná cree que hay pruebas, evidencias palmarias que motiven esta disposición, sería adecuado que las exhiba. Hoy, solo vemos el desconsuelo de una querida colega y el desamparo al cual se expone con los efectos dramáticos que ello podría acarrear.