En medio de una fuerte reestructuración interna, el Gobierno dio marcha atrás y resolvió reincorporar a los 12 contratados cesanteados de la Quinta de Olivos, luego de la salida de Belén Agudiez, colaboradora estrecha de Karina Milei, en el marco de sospechas por presuntas irregularidades con insumos alimenticios.
La representación gremial de ATE Presidencia confirmó que se alcanzó el acuerdo tras intensas gestiones con autoridades de la Secretaría General de la Presidencia, aunque desde el entorno de Casa Rosada optaron por no emitir confirmaciones oficiales.
Pese a las reincorporaciones, se mantiene firme la directiva oficial: en la residencia oficial sólo prestará funciones personal de la Casa Militar, bajo la coordinación del coronel Fernando Tereso.
Motivos del desplazamiento y sospechas
La remoción de los trabajadores civiles respondió a un marcado enojo de Javier Milei. Las versiones sobre la determinación oficial giran en torno a supuestas filtraciones de datos privados, encuentros no autorizados e inconsistencias en la adquisición de 27 mil kilos de productos cárnicos destinados a la quinta y a la sede de gobierno.
Los agentes readmitidos no volverán a la residencia presidencial, sino que prestarán servicios repartidos entre la Casa Rosada y las dependencias de 25 de Mayo al 600. Desde el sindicato señalaron que “faltan los papeles y algunos otros detalles”, mientras manifestaron optimismo sobre el cierre del trámite administrativo.
Actualmente, cerca de 40 empleados de planta permanente —entre mozos y jardineros— continúan asistiendo a sus puestos habituales, a la espera de que se concrete el traspaso definitivo a la órbita militar pautado en un plazo de 60 días.
Denuncia penal e investigación judicial
El marco normativo dispuso la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos para achicar la estructura, mientras se convocó a uniformados a cumplir horas extras para suplir las tareas cotidianas que realizaba la dotación civil.
El conflicto escaló a los tribunales tras una presentación de la diputada Marcela Pagano, quien denunció a Karina Milei, a la propia Belén Agudiez y al exintendente del predio, Osvaldo Sosa. La presentación judicial apunta a determinar si un emprendimiento privado de panificados atribuido a Sosa recibió alimentos adquiridos mediante licitaciones públicas del Estado.
