La relación entre giros a Santa Cruz y votos legislativos quedó bajo la lupa a partir de una ampliación de denuncia penal por el manejo del fideicomiso vial SISVIAL, que vinculó pagos destinados a la provincia con apoyos de legisladores alineados con el gobernador Claudio Vidal y pidió determinar si los desembolsos fueron retenidos o liberados para obtener respaldo político en el Congreso.
La presentación de la diputada nacional Marcela Pagano quedó radicada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10 y abarca 1.077 operaciones de pago, realizadas entre enero de 2024 y mayo de 2026, que fueron comparadas con el calendario de 35 votaciones legislativas.
La denuncia busca establecer la responsabilidad de los funcionarios nacionales que instruyeron o autorizaron los pagos. Vidal no fue informado como imputado y la coincidencia entre una transferencia y una sesión no acredita por sí sola un acuerdo ilícito, aunque el foco político sobre su gestión se enciende porque dos de los desembolsos tuvieron como destinataria a la Administración General de Vialidad Provincial y los votos analizados corresponden a dirigentes de su espacio.
Pagos tras el acuerdo con el FMI y el “premio a las 48 horas”
El primer episodio santacruceño destacado se registró después de la votación del decreto que habilitó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aprobado en la Cámara de Diputados el 19 de marzo de 2025, cuando José Luis Garrido, del bloque Por Santa Cruz, acompañó al Gobierno nacional, mientras Sergio Acevedo, integrante del mismo espacio y también vinculado políticamente con Vidal, votó en contra.
Dos días más tarde, el 21 de marzo, el fideicomiso vial liberó $6.596 millones y, de acuerdo con el análisis incorporado al expediente, el 99 por ciento de ese monto se concentró en beneficiarios de Santa Cruz y el pago principal, de $3.885 millones, fue transferido directamente a la vialidad provincial.
Pagano bautizó esa secuencia como “premio a las 48 horas”, una calificación políticamente explosiva que, según reconoce la propia presentación, todavía debe ser demostrada mediante prueba contable y documental.
Otro giro clave en 2026 y la antesala de debates sensibles
El segundo caso señalado en la denuncia corresponde al 19 de mayo de 2026, cuando la Administración General de Vialidad Provincial recibió $2.104 millones en concepto de pagos del fideicomiso vial con destino a Santa Cruz.
La presentación sostuvo que fue el único pago asignado a Santa Cruz durante los primeros cinco meses de ese año y ubicó el desembolso en la víspera de debates sobre zonas frías y otras iniciativas de interés para el Poder Ejecutivo nacional, además de vincular esa fecha con un voto afirmativo de Garrido.
Montos confirmados, intencionalidad aún bajo investigación
Los datos incorporados al expediente permiten constatar montos, destinatarios y proximidad temporal entre giros y sesiones, pero no explican todavía cuándo cada certificado de obra quedó en condiciones legales de ser pagado, un punto que la propia denuncia reconoce como decisivo.
Esa diferencia es central para el juzgado: un giro realizado cerca de una votación puede responder a un vencimiento administrativo normal o a una decisión discrecional, por lo que la ampliación de la denuncia solicitó comparar la fecha de exigibilidad de cada certificado con el día en que se ordenó cada desembolso.
El rol de los legisladores santacruceños en las votaciones
La reconstrucción también obliga a precisar el comportamiento de los representantes santacruceños en el Congreso. En la votación general de la Ley Bases de junio de 2024, los senadores José María Carambia y Natalia Gadano votaron en contra y luego se retiraron del recinto, quedando ausentes durante el tratamiento en particular.
Esa conducta pudo incidir en las mayorías de artículos específicos, pero no puede ser presentada como un voto afirmativo a la ley en general, un matiz que la denuncia incorpora para encuadrar el análisis de los posicionamientos parlamentarios.
Pedidos de documentación y exigencia de transparencia
Pagano pidió que la Justicia requiera a Vialidad Nacional la remisión de los convenios, certificados de obra y expedientes vinculados con los pagos enviados a Santa Cruz, para que un peritaje pueda reconstruir el circuito completo de cada desembolso.
La legisladora también reclamó las actas de las sesiones examinadas y una pericia que determine si hubo obligaciones vencidas retenidas, pagos adelantados o una alteración deliberada del orden de cancelación, hipótesis que, por ahora, sólo integran el marco teórico de la denuncia.
Delitos posibles en el expediente, sin procesamientos ni condenas
La hipótesis jurídica de la diputada incluye posibles delitos de administración fraudulenta, cohecho, dádivas, malversación de caudales y negociaciones incompatibles con la función pública, figuras que ingresan al expediente como calificación tentativa.
Esas tipificaciones, sin embargo, pertenecen a la denuncia y no equivalen a procesamientos, imputaciones confirmadas ni condenas, y hasta el 18 de agosto no se había informado una resolución judicial que probara que Vidal instruyó votos o recibió una contraprestación ilegal.
Qué debe explicar la administración provincial
La administración provincial queda alcanzada por una exigencia concreta de transparencia, dado que Vialidad de Santa Cruz está en condiciones de identificar las obras asociadas a los $3.885 millones y $2.104 millones, publicar los certificados, informar cuándo venció cada obligación y detallar si existieron gestiones del gobernador o de sus funcionarios ante la Nación antes de los pagos.
Los legisladores mencionados, a su vez, pueden explicar si recibieron instrucciones partidarias, qué conversaciones mantuvieron con el Ejecutivo provincial y con funcionarios nacionales, y por qué el bloque votó dividido en algunos casos, en un escenario donde la representación de una provincia admite negociaciones políticas.
El expediente busca establecer si, más allá de esa dinámica propia del Congreso, se utilizaron fondos con asignación específica como herramienta para condicionar decisiones legislativas, un punto que coloca al fideicomiso vial SISVIAL en el centro de una investigación que recién comienza.
