El pedido de juicio político a Milei y Quirno ya ingresó formalmente a la Cámara de Diputados, impulsado por la legisladora Marcela Pagano tras el nuevo cortocircuito diplomático con Brasil.
La diputada informó que presentó la acusación contra el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno a raíz de las declaraciones contra Luiz Inácio Lula da Silva que derivaron en un conflicto con el principal socio comercial de la Argentina.
“Ante tanta ignorancia, falta de respeto y mal desempeño de su función, acabo de presentar un pedido de juicio político a este mamarracho. También presenté el mismo pedido contra Quirno”, anunció Pagano en su cuenta de X, donde difundió además un video con declaraciones del canciller.
La iniciativa reclama que el expediente sea girado a la Comisión de Juicio Político para que investigue los hechos y determine si corresponde formular la acusación ante el Senado.
Ante tanta ignorancia, falta de respeto y mal desempeño de su función, acabo de presentar un pedido de juicio político a este mamarracho. También presenté el mismo pedido contra Quirno. https://t.co/bjZ0Qs81Rm
— Marcela Pagano (@Marcelampagano) July 29, 2026
El acto en San Pablo y el conflicto con Brasil
El proyecto detalla que el pedido se apoya en la actuación de Milei durante un acto partidario realizado el 25 de julio en San Pablo, Brasil, donde respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro y lanzó duras críticas contra Lula da Silva y el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
Según Pagano, esas expresiones “provocaron un conflicto diplomático que derivó en el llamado a consultas del embajador brasileño en Buenos Aires”, lo que a su criterio configura un daño concreto en la relación bilateral.
Entre los fundamentos, la diputada remarca que “el juicio político no requiere la existencia de un delito penal, sino que puede sustentarse en el mal desempeño previsto en el artículo 53 de la Constitución Nacional”.
En ese marco, argumentó que “la conducta del Presidente debe evaluarse desde el plano de la responsabilidad política y su compatibilidad con la investidura presidencial”, al cuestionar el tono y el escenario elegido para sus declaraciones.
Daño diplomático, injerencia y riesgo económico
El primer cargo planteado acusa a Milei de haber dañado deliberadamente las relaciones exteriores de la Argentina al agraviar públicamente al jefe de Estado del principal socio comercial del país.
Pagano sostiene que el llamado a consultas del embajador de Brasil constituye un daño diplomático concreto y atribuye esa consecuencia exclusivamente a las palabras del mandatario argentino.
El proyecto también cuestiona la participación del Presidente en un acto de campaña electoral en Brasil, donde fue orador en apoyo a un candidato presidencial extranjero.
Para la diputada, esa presencia vulneró el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados y comprometió internacionalmente a la Argentina.
Otro de los argumentos apunta al impacto económico de la disputa con Brasil: Pagano advierte que el deterioro del vínculo con el principal destino de las exportaciones industriales argentinas pone en riesgo la actividad productiva y miles de puestos de trabajo vinculados al comercio bilateral.
En ese sentido, acusa al Presidente de haber priorizado una afinidad política por encima de los intereses nacionales y de la estabilidad de la relación comercial con Brasil.
Además, la legisladora afirma que las expresiones utilizadas por Milei contra Lula y Alexandre de Moraes constituyen una afectación a la dignidad de la investidura presidencial y a la tradición diplomática argentina.
En los fundamentos, también repasa la historia de la relación bilateral entre ambos países y destaca que se trata de una política de Estado sostenida durante cuatro décadas por gobiernos de distintos signos políticos.
Pedidos de informes y el cierre del escrito
Como parte de las medidas solicitadas, Pagano pidió que la Comisión de Juicio Político requiera documentación a la Cancillería sobre las comunicaciones diplomáticas con Brasil.
También reclama informes al INDEC sobre el intercambio comercial bilateral y el registro audiovisual completo del acto realizado en San Pablo.
En el cierre del proyecto, la diputada sostuvo: “La República no juzga opiniones: juzga conductas. Y la conducta de agraviar, desde la investidura presidencial y en territorio extranjero, al Jefe de Estado de la nación que representó a la Argentina ante Londres en 1982, poniendo en riesgo cuarenta años de política de Estado y el trabajo de miles de argentinos, es exactamente el tipo de conducta para la cual los constituyentes escribieron el artículo 53”.
La carta de Pagano a Lula da Silva
Días antes de presentar el pedido de juicio político, Marcela Pagano había difundido una extensa carta dirigida al presidente de Brasil, en respuesta a los agravios de Milei durante su visita al país vecino.
“Hoy le escribí al Presidente Lula. Le pedí disculpas en nombre de los millones de argentinos que no insultan a sus hermanos. Brasil no nos soltó la mano en 1982, cuando estábamos solos frente a Inglaterra. No vamos a permitir que un exabrupto destruya 40 años de hermandad. Las naciones duran más que los gobiernos. Los pueblos, más que los agravios”, escribió la diputada.
Quirno intenta descomprimir el cortocircuito
Mientras avanzaba el pedido de juicio político a Milei y Quirno, el canciller buscó bajar el tono al conflicto con Brasil.
“No hay posibilidad alguna de que de nuestro lado la relación se rompa”, sentenció Pablo Quirno en diálogo con Radio Mitre, al relativizar el impacto de los dichos del Presidente contra Lula da Silva.
El funcionario intentó desactivar el cortocircuito diplomático luego de que Milei viajara a Brasil el fin de semana para asistir a un evento partidario de Flávio Bolsonaro y descalificara en duros términos a su par brasileño.
A raíz de ese episodio, el gobierno de Brasil llamó a consulta a su embajador en la Argentina, un gesto que encendió las alarmas en la relación bilateral.
Sobre este punto, Quirno explicó: “Dejamos la disputa electoral y la diferencia ideológica en ese marco. No la trasladamos al plano institucional”.
Y completó: “Separamos lo que es el carril político y el ideológico del carril institucional. Nosotros tuvimos episodios de esta naturaleza a los cuales no respondimos, ni vamos a responder a las declaraciones de Lula y sus funcionarios”, evitando referirse de manera directa a las palabras de Milei, que llamó “ladrón” y “presidiario” a Lula.
Brasil pide investigar la visita de Milei
En paralelo al debate interno por el juicio político a Milei y Quirno, el episodio escaló en la arena judicial brasileña.
Tras la denuncia penal presentada en la Argentina por el viaje de Milei a Brasil, el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva llevó el caso a la fiscalía electoral de ese país para que se investigue la visita del mandatario argentino a San Pablo, donde apoyó la candidatura de Flávio Bolsonaro.
La Federación Brasil de la Esperanza, integrada por el PT, el PV y el PCdoB, presentó una denuncia formal ante el fiscal general electoral, Paulo Gonet, solicitando una investigación sobre la participación de Milei en la convención nacional del PL que oficializó la precandidatura del senador Bolsonaro (PL-RJ) a la Presidencia de la República.
En el escrito sostienen que corresponde abrir una investigación en nombre de la soberanía nacional, la igualdad de oportunidades entre los futuros candidatos y la normalidad del proceso electoral.
La denuncia subraya que la presencia de Milei en el acto partidario “no constituyó un episodio aislado ni una participación meramente accesoria”, sino un gesto con posible impacto en la competencia interna brasileña.
Para el PT, el episodio configura “indicios de injerencia externa indebida” en el proceso electoral previsto para el 4 de octubre, al advertir sobre la influencia de un jefe de Estado extranjero en la campaña.
El documento sostiene, además, que la soberanía nacional “se proyecta directamente sobre la autonomía del proceso democrático interno”, garantizando que la formación de la voluntad popular permanezca “libre de influencias institucionales externas”.
Puntualmente, se pide que se esclarezca qué naturaleza jurídica tuvo la visita de Milei, así como quién pagó el traslado internacional, el hospedaje, los traslados internos, la seguridad y la logística.
Además, se solicita determinar si se usaron fondos públicos argentinos para una agenda de contenido partidario en Brasil, si hubo uso de estructura administrativa o patrimonial del Estado de San Pablo para potenciar un acto electoral y si existió coordinación entre funcionarios brasileños, autoridades extranjeras y el PL para organizar la agenda.
La denuncia pone especial foco en el rastreo del financiamiento: identificar quién costeó el viaje de Milei —ya sea con fondos propios, del Estado argentino, del Partido Liberal o de terceros— permitiría, según los firmantes, “verificar la regularidad jurídica del costeo a la luz del ordenamiento electoral brasileño”.
El documento deja planteado que, si se detectaran irregularidades en el financiamiento, la Procuraduría General de la República podría recurrir a mecanismos de cooperación jurídica internacional, “observando las normas diplomáticas aplicables y los instrumentos internacionales vigentes”.
