La diputada nacional Marcela Pagano volvió a apuntar contra el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, al denunciar una maniobra de ocultamiento dentro de la Gendarmería Nacional, vinculada a la custodia oficial que se despliega en el barrio Indio Cuá.
Según expuso la legisladora en sus redes sociales, la cúpula de la fuerza habría dado la orden estricta de dejar de reportar cualquier novedad sobre la seguridad montada en esa zona, donde el exfuncionario mantiene movimientos bajo estricta reserva.
El mensaje interno que desató la polémica
La prueba central que exhibió Pagano es la filtración de un mensaje de WhatsApp que circula entre efectivos de Gendarmería. En la captura de pantalla compartida por la diputada se lee una instrucción tajante: «A partir de ahora no se informan más minutas de Indio Cuá a este grupo… El COU ya no informa nada acerca de Indio Cuá», se indica en el texto.
De acuerdo a la denuncia política de la legisladora, la cúpula operativa de Gendarmería habría decidido así levantar un “cerco informativo” sobre la seguridad de quien ya renunció a sus funciones oficiales, tanto en la Jefatura de Gabinete como en el directorio de YPF.
“La casta tiene miedo”: el descargo de Pagano en redes
En su posteo en X, la diputada lanzó: «¡La casta tiene miedo! Anoche Gendarmería ordenó NO informar más las novedades de la custodia en Indio Cuá. El COU (cúpula de Gendarmería) ya no reporta nada», remarcó.
Para Pagano, esta orden de silencio tendría un objetivo preciso: ocultar que se siguen destinando fondos y personal estatal para cuidar a un ciudadano que hoy es un particular, sin cargo formal en el Gobierno.
Y sentenció: «¿Por qué tanto secreto? Porque cuidan gratis a un particular investigado por enriquecimiento ilícito. Lo denuncié y ahora lo tapan», escribió en su publicación.
Custodia extendida y denuncia por enriquecimiento ilícito
Este nuevo capítulo se suma a la confirmación, realizada en la víspera, de que Adorni continúa utilizando un esquema de custodia a cargo de la Policía Federal Argentina, que podría extenderse hasta por un año, pese a haber dejado su cargo.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, intentó justificar la continuidad de la protección oficial alegando estrictas «cuestiones de seguridad». Sin embargo, para Pagano esa explicación no hace más que reforzar el núcleo de sus acusaciones sobre el uso de recursos públicos.
En paralelo, la presentación judicial de la diputada ante la Justicia Federal solicita que se investigue si Adorni incurrió en delitos vinculados al uso de vehículos oficiales y personal de seguridad una vez terminada su gestión.
La denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y por el uso de bienes del Estado sigue su curso en los tribunales federales, mientras desde el Gobierno se prometió una «investigación interna» para intentar calmar las aguas en medio de la controversia.
